Después de la novedad de que este jueves se trataría sobre tablas el proyecto de “Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la provincia de San Juan”, que busca autorizar a la provincia a contraer empréstitos para financiar obras, las noticias no para en la Cámara de Diputados. Según lo que informaron diferentes fuentes legislativas, esta semana tomarían estado parlamentario dos proyectos clave para el Gobierno provincial: la reforma electoral y la Ley de Desarrollo Local Minero. Aunque hay distintas versiones sobre qué proyecto estará listo primero, todo indica que ambos ingresarán esta semana.
Con respecto a la reforma electoral, el oficialismo está cerrando un proyecto que viene a completar el presentado en marzo por el Ejecutivo provincial. Además de incluir la derogación del Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), también incluye cambios clave como la incorporación de las internas partidarias no obligatorias para elegir candidatos y modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos. De aprobarse esta ley, el Estado solo tendría que hacerse cargo del día electoral en sí, desde el punto de vista organizacional.
La idea del oficialismo es que este proyecto sea la "piedra basal" del próximo sistema electoral, ya que otros espacios presentaron otros regímenes. Uno de ellos es el del giojismo, presentado en el 2025, que apunta a la restauración de las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) como sistema de elección de candidatos. Otro es el del bloquismo, que "renovó" su proyecto este año y propuso una especie de "ley de lema reducida", llamado Régimen Electoral de Competencia Ordenada (RECO).
Respecto a la Ley de Desarrollo Local Minero es un poco más complicado. Si bien el proyecto ya estaría completo, todavía existen ciertos detalles para pulir entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Esto sería por una serie de cuestionamientos de algunos sectores, sobre todo de cámaras relacionadas a la minería. Tal como adelantó Tiempo de San Juan, una de las críticas surgió desde Iglesia, donde referentes de proveedores locales advirtieron que la definición de “local” incluida en el proyecto podría terminar perjudicando a las comunidades donde se desarrolla la actividad minera.
Desde AITURIC, su presidente Alberto Grau señaló que existe un “grave error conceptual” en la interpretación del término dentro de la iniciativa que podría ingresar a Diputados la próxima semana.
En este contexto, el proyecto de ley establece distintas categorías de proveedores según su actividad, como bienes y servicios, industria y construcción. Además, fijará objetivos mínimos de participación local en la actividad minera: las operadoras deberán apuntar a contratar un 60% de proveedores sanjuaninos y garantizar un 80% de empleo local, porcentajes que se aplicarán de manera progresiva según la etapa de cada proyecto.
También se creará un Registro de Proveedores Mineros, de consulta obligatoria antes de cada contratación. Si una empresa decide contratar fuera de San Juan, deberá justificar que en la provincia no hay oferta disponible o competitiva. La norma incluirá sanciones por incumplimientos y prevé la conformación de un consejo consultivo para controlar su aplicación.
