Con la convocatoria a sesiones extraordinarias ya en marcha, el Gobierno nacional se muestra confiado en lograr la aprobación completa del paquete de leyes que se debatirá durante febrero. En la Casa Rosada consideran que se trata de un temario “amigable” y apuestan a que incluso los proyectos más discutidos, como la Reforma Laboral, logren los votos necesarios con el respaldo de los aliados parlamentarios.
Desde el oficialismo aseguran que el clima político es favorable y que no ven razones de peso para que las iniciativas sean rechazadas. Entre los proyectos incluidos figuran la Ley de Modernización Laboral, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, cambios en la normativa de protección de glaciares y la posible designación de un nuevo embajador extraordinario.
El Ejecutivo cree que varios de estos puntos tienen alto consenso social. En particular, destacan que el acuerdo con la Unión Europea lleva años de negociación y que la reforma sobre glaciares responde a reclamos de gobernadores que piden mayor autonomía en el manejo de los recursos naturales. En ese sentido, el Gobierno considera que esos temas deberían avanzar sin mayores obstáculos.
La principal resistencia aparece alrededor de la Reforma Laboral. Sectores sindicales, algunos gobernadores y parte del empresariado expresaron reparos, especialmente por el impacto que podría tener en los ingresos provinciales a través de cambios impositivos vinculados al empleo formal. Aun así, en el oficialismo aseguran contar con una base sólida de votos y confían en sumar los apoyos necesarios para aprobarla.
Desde el Ejecutivo sostienen que los efectos más importantes de la reforma recién se verán a partir de 2027 y que durante 2026 las provincias incluso podrían beneficiarse por el impulso al empleo registrado. Según ese razonamiento, la formalización laboral permitiría compensar cualquier pérdida inicial de recaudación.
En paralelo, el Gobierno decidió postergar el tratamiento de la Reforma del Código Penal para después de marzo y concentrar todos los esfuerzos en sacar adelante la agenda de extraordinarias. La estrategia es cerrar filas detrás de los proyectos considerados prioritarios y llegar al inicio del período ordinario, el 1° de marzo, con varios triunfos legislativos bajo el brazo.
Durante la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero, el oficialismo intensificó las negociaciones con bloques aliados y gobernadores. La coordinación política está en manos de los principales referentes parlamentarios y funcionarios del área política, que trabajan para asegurar los votos necesarios en ambas cámaras.
Las sesiones extraordinarias se extenderán del 2 al 27 de febrero. En ese marco, el Gobierno apuesta a que el Congreso apruebe todo el temario enviado y mostrar fortaleza política en la antesala del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.