El Gobierno nacional y la provincia de Chubut, encabezada por el gobernador Ignacio Torres, oficializaron el primer acuerdo para avanzar con la baja de retenciones al crudo de petróleo. Este convenio, que se celebró este martes en el Palacio de Hacienda, representa el inicio de un esquema que se extenderá progresivamente al resto de las provincias productoras de hidrocarburos convencionales, como Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Mendoza, entre otras.
La reunión fue clave para sellar el "primer acuerdo de baja de presión fiscal entre Nación, la provincia, los gremios y las operadoras petroleras". Estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea, además del gobernador Torres.
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Compromisos clave y esfuerzos compartidos
El entendimiento se basa en un esquema de "esfuerzos compartidos". El objetivo principal es destinar el ahorro fiscal derivado de la eliminación de las retenciones (que históricamente gravaban el crudo con un 8%) a sostener inversiones y reactivar una cuenca madura que afronta una marcada declinación.
Los compromisos asumidos por las partes son:
Estado Nacional: Se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional.
Provincias (Chubut): Continuarán aplicando políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones. El gobernador Torres mencionó que su gestión ya está firmando un compromiso de cuatro puntos de regalías, lo que implica un impacto considerable para el presupuesto chubutense.
Empresas: Se comprometen a sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.
Sindicatos: Asumen el compromiso de mejorar la competitividad en los yacimientos.
Impacto estratégico en la economía nacional
La medida tiene una relevancia económica y estratégica significativa, proyectando un triple beneficio, según lo resumió el Gobernador Torres.
El acuerdo se enmarca en una política más amplia del Gobierno Nacional orientada a reducir la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, buscando aliviar al sector privado, incentivar nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras.
Proyección de Beneficios:
Reactivación y Empleo: Las inversiones impulsadas por este entendimiento priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria.
Sustentabilidad Energética: La oficialización del nuevo esquema asegura alivio fiscal, más producción y generación de empleo. Además, impulsa la competitividad y refuerza la sustentabilidad de la matriz energética en la región patagónica.
Defensa del Precio del Combustible: La medida es crucial para despejar el riesgo de que el país deba importar crudo pesado, siempre fundamental en la producción de combustibles y derivados. De no haberse tomado acción, las estimaciones de la Secretaría de Energía indicaban que en tres años el país habría tenido que importar ese tipo de crudo. Esa circunstancia habría impactado negativamente en los precios para los consumidores de todo el país.
Este acuerdo, que ya cuenta con el involucramiento directo de autoridades nacionales, gremios y representantes empresariales, proyecta un impacto positivo a corto y mediano plazo en la estructura de costos de la industria, a la vez que se presenta como una "oportunidad histórica" para avanzar en reformas necesarias para el país.