El fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo, no salía de su asombro al contar que el CEO del conglomerado de empresas alemanas Siemens en la Argentina no acudió a la reunión a la que se comprometió para destrabar el conflicto en el caso del tomógrafo PET/CT. "Un papelón", definió. Además, periodistas que estuvieron en los alrededores dijeron que los abogados de la compañía extranjera pasaron por la puerta del edificio estatal y siguieron de largo. "Hemos optado por el camino judicial", dijo el representante de los intereses sanjuaninos.
El Centro Español de Enfermedades Crónicas (CEMEC) -ex hospital Español- lleva más de un año de espera. No pueden utilizar el tomógrafo PET/CT que compró la provincia a través de una licitación porque parte del equipamiento que enviaron estaba defectuoso y también faltaban algunas partes. San Juan erogó 1,5 millones de dólares para convertirse en un polo tecnológico en Cuyo. La aparatología permite la detección precoz de enfermedades oncológicas, neurológicas y cardíacas. Pero no puede usarse.
Ante esa situación, la provincia agotó las vías administrativas de reclamo y dijo que iría por una respuesta a través de la Justicia. Por eso, Alvo tomó cartas en el asunto. El primer paso era una reunión entre las partes: Estado sanjuanino, Ministerio de Salud Pública y Siemens. Pero la empresa pegó el faltazo a la cita que estaba programada para este lunes en el edificio de la Fiscalía. "El mismo CEO se comprometió a asistir, pero no fueron, ni siquiera llamaron por teléfono para avisar", comentó Alvo.
Puntualmente el elemento “de la discordia” es un activímetro, también conocido como calibrador de dosis. Este instrumento es necesario para medir las actividades de los radiofármacos que se administran a los pacientes. No llegó a San Juan. La firma multinacional argumentó que es un problema de restricción de las importaciones. La Fiscalía averiguó, pidió el número para hacer el seguimiento en la aduana y lograr que ingrese. Pero Siemens nunca le pasó la información. La idea de Alvo era obtener esos datos en la reunión de este lunes o, al menos, las explicaciones correspondientes. No sucedió.
Ahora, la provincia demandará a la empresa. Los encargados de llevar adelante las acciones son el staff de abogados del área contencioso administrativo y amparo. San Juan pedirá ante la Justicia una cautelar para poder usar el tomógrafo, pues consiguieron -de parte de un tercero- el activímetro. "No queremos perder la garantía", señaló. También, anticipó que aplicarán la multa prevista en el contrato -que es automática y se descuenta al pagar el equipo- que asciende hasta el momento a unos 230 mil dólares.
