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SUSCRIBITEEl Gobierno confirmó que el tratado se debatirá en sesiones extraordinarias. El pacto, firmado tras 26 años de negociaciones, apunta a una fuerte apertura comercial con un bloque de 450 millones de consumidores.
El Gobierno nacional confirmó que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea será tratado en el Congreso durante febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias. El anuncio fue celebrado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó la presencia del presidente Javier Milei en la firma del tratado y subrayó su impacto estratégico para la Argentina.
El entendimiento fue rubricado este sábado en Paraguay, luego de más de 26 años de negociaciones intermitentes, y ya cuenta con la aprobación política del bloque europeo. El paso siguiente será la ratificación parlamentaria en cada uno de los países involucrados, condición necesaria para que el acuerdo entre en vigencia.
El tratado es considerado un hito diplomático y comercial: integra al Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— con la Unión Europea, un mercado de 450 millones de personas que representa cerca del 15% del Producto Bruto Global. Se trata de uno de los acuerdos de libre comercio más relevantes a nivel mundial.
El marco general apunta a reducir aranceles, fijar reglas comunes y facilitar el intercambio de bienes, servicios e inversiones. También establece compromisos sobre cuotas, derechos de exportación y normas sanitarias, con impacto directo en sectores clave de la economía argentina.
El texto se estructura en tres pilares: comercial, político y de cooperación. Uno de los aspectos más relevantes para la Argentina es el acceso preferencial al mercado europeo. La UE se compromete a eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgar beneficios arancelarios al 7,5% adicional, lo que deja al 99% de los productos agrícolas del bloque bajo condiciones preferenciales.
Entre los principales puntos se destacan:
Eliminación inmediata de aranceles para productos como harina y porotos de soja, maní, frutas frescas, legumbres y productos pesqueros.
Desgravación gradual, con plazos de entre cuatro y diez años, para aceites, alimentos procesados, vinos y preparaciones alimenticias.
Cuotas arancelarias para bienes sensibles como carnes, arroz, maíz, miel, quesos y leche en polvo, que luego deberán distribuirse entre los países del Mercosur.
Cambios en derechos de exportación: desde el tercer año de vigencia, la Argentina dejará de aplicar retenciones a la mayoría de los productos exportados a la UE, con excepciones como soja, hidrocarburos, papel y chatarra.
Reglas sanitarias claras, con plazos obligatorios para auditorías y habilitaciones, basadas en criterios científicos.
Límites a restricciones comerciales discrecionales, como licencias no automáticas o restricciones cuantitativas.
Alineamiento regulatorio en áreas como aduanas, servicios, compras públicas y propiedad intelectual.
En el caso del complejo sojero, las retenciones máximas comenzarán en 18% y descenderán de manera progresiva hasta 14% al décimo año.
Según estimaciones difundidas por la delegación argentina ante la UE, el acuerdo podría impulsar un crecimiento del 39% en las exportaciones europeas al Mercosur y del 17% en las ventas del Mercosur a Europa, lo que equivaldría a 48.700 millones y 8.900 millones de euros adicionales, respectivamente.
La Unión Europea importa productos agroindustriales por alrededor de USD 220.000 millones anuales, y la Argentina hoy representa apenas el 3% de ese mercado, un dato que alimenta las expectativas de expansión.
El avance del acuerdo fue bien recibido por el empresariado argentino. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) sostuvo que permitirá acceder a nuevos mercados bajo criterios de reciprocidad y que tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico.
En la misma línea, el Grupo de los 6 (G6) consideró que se trata de un paso decisivo hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques, mientras que la Sociedad Rural Argentina calificó el pacto como una oportunidad estratégica para fortalecer la presencia de los productos nacionales en el mundo.
Si se cumplen los plazos previstos, el acuerdo podría comenzar a implementarse hacia fines de este año, mientras gobiernos y empresas ajustan estrategias para aprovechar las nuevas condiciones comerciales que se avecinan.
