Al límite del plazo previsto por la ley, este jueves ingresó al Congreso el DNU 941/2025, con el que el Poder Ejecutivo amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y modificó la Ley de Inteligencia Nacional. La norma fue enviada a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para su análisis.
A partir de ahora, la bicameral tiene diez días hábiles para emitir dictamen. En caso de que ese plazo venza sin pronunciamiento, el decreto podrá ser tratado directamente en los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado.
En ese escenario, distintos bloques de la oposición ya comenzaron a negociar para intentar rechazar la medida. Las gestiones están encabezadas por Unión por la Patria y buscan sumar voluntades de otros espacios para alcanzar el número necesario.
En Diputados, la oposición podría reunir los votos suficientes para habilitar el debate. Para abrir el recinto se requiere un quórum de 129 legisladores, mientras que el rechazo del DNU necesita el aval de la mayoría simple de los presentes.
El decreto establece que las actividades vinculadas a la inteligencia nacional tendrán carácter encubierto y redefine los alcances de la investigación y la contrainteligencia. Entre otros puntos, incorpora la prevención de acciones como infiltraciones, espionaje, fuga de información y posibles injerencias que afecten el orden constitucional o el proceso de toma de decisiones.
Desde la SIDE defendieron la medida y aseguraron que el DNU apunta a adecuar el sistema de inteligencia a las amenazas actuales, fortalecer los controles estatales y garantizar su funcionamiento dentro de los estándares democráticos.