Cultivadores de cannabis en San Juan: entre sufrir robos de plantas y el laberinto de nuevas normas nacionales
El valor de las plantas en el mercado negro en San Juan atrae a delincuentes que actúan con violencia, mientras los usuarios temen denunciar por el persistente estigma social. A la par, un decreto nacional generó dudas. Las revelaciones de una especialista sanjuanina sobre ambos temas.
En San Juan, la temporada de cosecha de cannabis que se da por estos días se transforma en un momento de máxima alerta para quienes cultivan con fines medicinales. La aparición de los llamados "cogolleros", personas que marcan domicilios para robar específicamente las flores de la planta, está a full en la provincia. Según relató la abogada Rocío Paz, especialista local en marcos regulatorios del cannabis, estos robos ocurren con mayor frecuencia cerca de marzo y abril, cuando la planta está lista para ser cosechada.
La situación es crítica, ya que cada una de estas plantas puede alcanzar un valor superior a 1,5 millones de pesos en el mercado negro, donde luego son comercializadas a través de plataformas como Telegram, afirmó. Paz, quien también es autoridad en la Red Federal de Abogacía Cannábica, fue víctima de estos delitos en dos oportunidades. En su caso más reciente, días atrás, delincuentes ingresaron por los techos y le sustrajeron dos plantas. Su experiencia no es aislada; la abogada mencionó que solo en una semana tres personas de su círculo sufrieron hechos de violencia similares.
El impacto de estos robos va más allá de lo económico, afectando directamente la salud de los pacientes. Al respecto, Paz señaló que cuando roban una planta “ya está, ya murió”, y que el paciente debe esperar entre tres y seis meses para volver a tener su propia medicina.
Además, la violencia viene escalando, con casos de cultivadores golpeados o personas que se despiertan con delincuentes dentro de sus habitaciones cortando las plantas, afirmó. A pesar de esto, muchos prefieren no acudir a la Policía por temor a ser criminalizados o discriminados en sus empleos y familias.
Incluso para quienes están registrados legalmente, el proceso de denuncia es una barrera. La abogada describió que, al intentar denunciar su robo, la Policía inicialmente se resistió a tomarle los datos por el solo hecho de tratarse de cannabis, hasta que pudo dejar asentado el hecho. "El estigma es grande y complejo", afirmó Paz, quien definió la situación legal actual como una "normativa esquizofrénica" donde un mismo sujeto puede ser visto como paciente, empresario o delincuente según la ley que se aplique.
"Como yo siempre digo, el estigma es tan grande porque siempre se asoció la chala de marihuana a la persona que sale a robar", reflexiona Paz.
image
Las imágenes de lo que dejó el robo de plantas de cannabis que tenía la abogada sanjuanina en su domicilio particular.
El alcance del Decreto 27 y su impacto en San Juan
La reciente publicación del Decreto 27/2026 generó confusión y preocupación entre los cerca de 6.000 sanjuaninos inscritos en el Reprocann, que es el es el sistema oficial en Argentina que autoriza el cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor. Aunque circularon versiones sobre un cambio de enfoque hacia políticas más restrictivas, Paz sostuvo que se trata fundamentalmente de una reorganización administrativa del Poder Ejecutivo Nacional que no modifica específicamente la normativa de cannabis medicinal ni el decreto reglamentario de la Ley 27.350.
La normativa generó revuelo y dudas entre los cultivadores de todo país. Por ejemplo, Juan Palomino, abogado, autor de “Cannabis una cuestión de derecho” y conferencista en espacios vinculados a la industria del cannabis en Argentina, dijo que "Al analizar el texto del decreto 27/2026 y las resoluciones publicadas en el boletín oficial, este traspaso no aparece formulado de manera expresa, sino que se mencionan funciones de asistencia y de coordinación. En política pública, esta distinción no es menor, ya que lo normativo define el alcance real de las decisiones. La preocupación de fondo, igualmente, sigue vigente y no cambia. El decreto parece marcar un corrimiento desde un enfoque estrictamente sanitario hacia una lógica más asociada a la política de drogas, con mayor centralidad de Sedronar".
La abogada sanjuanina destacó que la nueva estructura establece que el Reprocann continuará bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, específicamente dentro de la Subsecretaría de Instituto de Fiscalización. Si bien el decreto integra a la Sedronar para colaborar en la gestión de políticas públicas, la abogada enfatizó que esto no implica un traspaso de competencias, sino un esquema de coordinación. Paz llevó tranquilidad a los usuarios locales al explicar que "a nivel provincial esto no nos afecta a nosotros" y que los registros seguirán funcionando bajo los mismos parámetros de salud.
A pesar de esta estabilidad normativa, San Juan enfrenta desafíos propios en cuanto al acceso. Actualmente, la accesibilidad al aceite es difícil, sostuvo la letrada, y el Estado provincial, a través de la empresa CanME, ha tenido dificultades para integrar al sector privado y ofrecer productos que contemplen la integralidad de la planta y no solo componentes aislados como el CBD. Por esta razón, la abogada destacó la importancia de observar modelos como el de Mendoza, que ya cuenta con una regulación propia, agencias de control y un mercado que permite a las asociaciones civiles dispensar cannabis de forma segura y legal.
