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SUSCRIBITESe trata del documento dado a conocer por Tiempo de San Juan que indica que los caños son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos.
El fiscal a cargo de la causa del Acueducto Gran Tulum no descartó que se complique la carátula que investiga el caso si se confirman los nuevos datos conocidos a través de un informe.
Luego de que Tiempo de San Juan diera a conocer el informe técnico solicitado por el Gobierno provincial a través de OSSE que evalúa la calidad de las cañerías del Acueducto Gran Tulum y que indicó que los caños son para cloacas y desagües y que podrían ser tóxicos, el fiscal a cargo de la causa no descartó que se complique la carátula que investiga el caso si se confirman los nuevos datos.
El fiscal Sebastián Gómez, uno de los responsables de la investigación junto a su equipo en el Ministerio Público Fiscal, explicó en diálogo con radio Sarmiento que tomaron conocimiento de la información a través de los medios (en referencia a la nota de este Diario) y que ya comenzaron a recibir documentación oficial para su análisis. “Nosotros hemos tomado conocimiento de esa noticia a través de los medios. Y me acaban de confirmar que se está recepcionando cierta documentación que ha enviado el Gobierno al respecto, que será evaluada por el equipo que me acompaña”, indicó.
En ese sentido, remarcó que los elementos difundidos serían nuevos para la causa: “No teníamos conocimiento de estas certificaciones y demás, aparentemente sería algo nuevo que ha conseguido el Gobierno por lo que han dicho los medios, vamos a corroborar esos términos, por supuesto”.
El informe en cuestión corresponde a una auditoría encargada por OSSE a la consultora Interacción, que certificó a través de Bureau Veritas que las tuberías provistas por la empresa Krah no son aptas para transporte de agua potable, sino que “aplican para desagües pluviales y cloacales”. Además, advirtieron que estarían fabricadas con insumos no aptos para el consumo humano y que podrían ser potencialmente tóxicos.
La obra del Acueducto Gran Tulum fue concebida como un proyecto estratégico para abastecer de agua potable a San Juan, financiado con un crédito de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait, que la Provincia ya comenzó a pagar. Sin embargo, las dudas sobre la calidad de los materiales derivaron en una denuncia penal presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia, que apunta a posibles irregularidades en la licitación, malversación de fondos y calidad de los insumos.
Gómez advirtió que la investigación será extensa debido a su complejidad técnica y al volumen de pruebas. “Esta es una causa que va a llevar mucho tiempo e investigación porque es eminentemente técnica, más allá de ser muy grande”, sostuvo. Según detalló, desde diciembre el Ministerio Público viene recibiendo documentación de manera progresiva: “Se viene obteniendo semana a semana, en forma digitalizada, y se va analizando y se van pidiendo distintos informes propios de la investigación”.
El fiscal fue enfático en que, por el momento, no pueden sacar conclusiones definitivas sin peritajes. “Para que un informe de este tipo tenga contundencia, veracidad, tenemos que hacer las pericias correspondientes”, explicó, y agregó que incluso deberá intervenir la Defensa y eventualmente definirse quiénes podrían ser imputados.
En esa línea, aclaró los límites del proceso penal: “El derecho penal es un derecho de actos. Nosotros primero tenemos que determinar si realmente existió un hecho ilícito, y en su caso determinar quiénes son los culpables”. Y remarcó: “No puedo salir con una orden de allanamiento a secuestrar absolutamente nada si no sé qué personas cometieron algo de lo que todavía no sé si hay un ilícito por medio”.
Respecto del informe técnico que generó el nuevo escenario, insistió en la necesidad de validarlo científicamente: “Para determinar si un caño posiblemente es tóxico o no, necesitamos realizar una pericia. Y yo no soy técnico en eso y con un solo informe no me basta para acreditar en juicio que el caño sirva o no sirva o que sea tóxico o no”.
Consultado sobre la posibilidad de que la causa se agrave por una eventual afectación a la salud pública, Gómez no descartó ese escenario, aunque lo ató al avance de la investigación: “Nosotros nos guiamos por los tiempos procesales, que son los que nos marcan los tiempos en los cuales tenemos que llevar a cabo una investigación. Y la investigación es mucho más profunda que solamente analizar una cañería”.
En ese sentido, explicó que el análisis abarca todo el proceso de la obra: “Tenemos que investigar desde los comienzos, antes de la ejecución de la obra, de lo que es licitación y demás en adelante. O sea, es algo bastante largo, de lo cual nos estamos ocupando”.
Finalmente, dejó abierta la posibilidad de cambios en la calificación legal si se confirman irregularidades: “En el caso de que, por supuesto, se descubra algún acto ilícito, se va a investigar a los presuntos imputados y se va a seguir adelante como corresponde, con la carátula correspondiente”.
Mientras tanto, desde Fiscalía aseguran que el trabajo es constante: “Nosotros hacemos lo que podemos en los tiempos procesales que nos marca la ley. Y se está investigando full time con un equipo designado”.
El futuro de la causa y del propio Acueducto Gran Tulum dependerá en gran medida de las pericias técnicas en curso, incluyendo la posible intervención del INTI, que deberá confirmar o descartar las conclusiones del informe inicial. Si se ratifica que los caños no son aptos para agua potable, el impacto podría ser tanto judicial como estructural para una de las obras más ambiciosas de la provincia.