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SUSCRIBITEEste sábado se cumple un año desde que el Presidente difundió la criptomoneda que terminó con miles de damnificados en el mundo y abrió una causa judicial que aún sigue en curso.
Este 14 de febrero se cumple un año del estallido del caso $Libra, la criptomoneda que fue difundida en redes sociales por el presidente Javier Milei y que, tras una suba vertiginosa, se desplomó en cuestión de horas dejando un tendal de pérdidas a nivel global.
Todo comenzó el 14 de febrero de 2025 a las 19:01, cuando el mandatario publicó en su cuenta de X un mensaje en el que presentaba el token como un “proyecto privado” orientado a financiar pymes tecnológicas y desarrollos vinculados a la inteligencia artificial. La publicación generó una compra masiva que disparó la cotización del activo digital en minutos.
Sin embargo, horas después, el valor cayó más de un 85% cuando los creadores del token liquidaron sus posiciones, en una maniobra conocida en el ecosistema cripto como “rug pull”. El saldo fue contundente: alrededor de 44.000 personas afectadas en distintos países, entre ellas más de 1.300 argentinos, según registros de damnificados.
Tras la polémica, Milei eliminó el mensaje original y afirmó que no había “promocionado” el token sino que simplemente lo había “difundido”. Además, sostuvo que se trataba de una iniciativa entre privados y que su cuenta personal no debía interpretarse como un canal oficial del Estado.
Tres días después de la publicación, el 17 de febrero de 2025, se presentaron las primeras denuncias penales por presunta estafa y asociación ilícita. La causa quedó radicada en el juzgado de María Servini, con la intervención del fiscal federal Eduardo Taiano.
En el expediente también figuran el empresario argentino Mauricio Novelli, señalado como nexo entre los desarrolladores y el entorno presidencial, y el estadounidense Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures e identificado como uno de los impulsores del token.
La Justicia ordenó allanamientos, inmovilización de bienes y el análisis de billeteras digitales que habrían recibido transferencias millonarias tras el colapso del activo. En paralelo, en Estados Unidos se inició una demanda colectiva en el Distrito Sur de Nueva York contra los presuntos responsables de la operatoria.
El impacto institucional también se trasladó al Congreso. En la Cámara de Diputados se conformó una comisión especial investigadora que, meses más tarde, emitió un informe en el que habló de una “colaboración imprescindible” del Presidente en la difusión del activo digital y remitió las actuaciones a la Justicia federal.