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SUSCRIBITE Hace unos días, el empresario más grande del rubro textil en Argentina, Tedy Karagozian, presentó una idea llamada “mochila argentina”, que apunta a que los trabajadores se paguen sus propias indemnizaciones, a cobrar si son despedidos.
Este proyecto fue inmediatamente rechazado por dirigentes sindicales y por parte de la política.
Básicamente lo que Karagozian propone es que los trabajadores despedidos cobren la indemnización mes a mes similar a su último sueldo, hasta agotar la antigüedad (un mes igual a un año), o conseguir un trabajo, lo que ocurra primero. Los fondos saldrían de un Seguro que las empresas pagarían con cálculos basados en la nómina salarial.
El monto del seguro, según la propuesta, sería de 1% más el 8,33% dividido los años de la antigüedad promedio de la empresa con un mínimo de 2% total, como forma de premiar la relación duradera del empleo.
El abogado laboralista Héctor Recalde criticó duramente le proyecto: “La indemnización por despido –este seguro no lo es- tiene una doble finalidad, por un lado reparar los daños que ocasiona el despido incausado y por el otro lado castigar o desalentar la conducta disvaliosa que constituye el despido arbitrario. En este esquema no existe ninguna protección contra el despido arbitrario y ello atenta gravemente contra la democracia en las relaciones laborales".
IPA, la organización a la que pertenece Rosato, plantea un sistema con diferencias en cuanto a la financiación y al cobro, pero no soluciona el castigo al despido injustificado que reclama Recalde.
Según este proyecto, el empresario depositaría el equivalente al porcentaje indemnizatorio mes a mes para que, cuando el vínculo laboral se discontinúe por la razón que fuera, el trabajador tenga a disposición su indemnización completa, y no en cuotas como propone Karagozian.
"El proyecto se conforma completamente con los fondos del empleador y el Estado. Estos fondos irían a una cuenta, que podría ser en la ANSES, del trabajador", explicó el dirigente empresarial.
Para Rosato, esto afectaría positivamente en la creación de trabajo en las Pymes, responsables del 70% de la masa salarial en Argentina.
“El Estado puede financiar esta idea, porque los fondos que irían a la ANSES se capitalizarían, además se le podría prestar al trabajador en forma de créditos. Y todo ese trabajo informal, con esta iniciativa, podría reconvertirse en trabajo formal, haciendo crecer el monto de los aportes a la Seguridad social”, explicó.
La deducción del salario sería “mínima”, detalló el autor de la iniciativa, “del 0.5 o 1%”.