El diputado nacional radical-macrista Luis Petri, se sumó a la polémica generada por el brutal crimen de un quiosquero en Ramos Mejía, asesinado por una pareja de delincuentes compuesta por un hombre de 29 años y una adolescente de 15.
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SUSCRIBITEEl diputado nacional radical-macrista Luis Petri, se sumó a la polémica generada por el brutal crimen de un quiosquero en Ramos Mejía, asesinado por una pareja de delincuentes compuesta por un hombre de 29 años y una adolescente de 15.
A este hecho, el mendocino respondió con un proyecto de ley que presentó ante el Parlamento para que los mayores de 14 años que cometan robo u homicidio cumplan prisión efectiva, como un adulto.
En la argumentación del proyecto, Petri escribió que "la finalidad principal del sistema de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral e interdisciplinario".
"Es necesario consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal", consideró el mendocino.
"Lo contrario", dice el parlamentario "supone consagrar la impunidad por el crimen anticipadamente por vía legal, clausurando cualquier posibilidad de justicia para la víctima de manera individual, pese a que su autor estuvo en condiciones de comprender la criminalidad del delito cometido".
Petri comparó a Argentina con otros países del mundo, destacando la alta edad de imputabilidad que establecen nuestras leyes: "La gran mayoría de países de Latinoamérica y Europa incluyen a los menores en sus regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil a partir de los 14 años (Chile, Colombia, Paraguay, España, Alemania, Italia), 13 años (Uruguay, Francia, Guatemala, Nicaragua), o 12 años (Costa Rica, Ecuador, Perú), entre muchos otros países".
En su proyecto, Petri concluyó en que necesitamos un "Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil, que disponga penas y establecimientos para su cumplimiento diferenciado, que prevea medidas alternativas a las de prisión conforme a la gravedad del delito, garantice el derecho de defensa y el debido proceso, que erradique todo resabio tutelar y tenga la capacidad de evitar y prevenir la escalada criminal de menores en conflicto con la ley penal, aumentando las posibilidades de resocialización y otorgando una tutela judicial efectiva a las víctimas".
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