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SUSCRIBITE Julio y Fernando Palluchini -de la empresa Mapal- y Antonio Iván Dumandzic -de Ivica Dumandzic- son los tres empresarios sanjuaninos beneficiados por la resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña en la causa que investiga la presunta cartelización de la obra pública nacional en la cual están involucrados constructoras y ex funcionarios.
El juez Claudio Bonadío los había procesado a los tres –junto al fallecido Ivica Dumandzic y el dueño de Panedille, Hugo Dragonetti-, sospechados de participar de un acuerdo ilegal para repartirse las obras pagando sobreprecios, en base al testimonio del arrepentido Ernesto Clarens.
Sobre la base de ese testimonio, Bonadío rearmó los contactos telefónicos y personales con los empresarios y los funcionarios y por eso había avanzado sobre las dos constructoras sanjuaninas.
“Aproximadamente entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, perpetraron un sistema de recaudación ilegal en el ámbito de la obra pública, mediante el cual, por un lado, el dinero era recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, y por el otro, las personas o empresas que lo otorgaban, lo hacían a cambio de algún beneficio de los funcionarios que estaban a cargo de la adjudicación de obras públicas y/o el otorgamiento de pagos, desde el ámbito estatal”, había dicho Bonadío.
Según Bonadío, Mapal había recibido durante el período investigado 5 obras por un monto superior a los $ 139 millones, y había pagado coimas por más de $13 millones. El juez había detectado 7 comunicaciones con Clarens y 38 con Sergio Passacantando (colaborador de Vialidad).
En el caso de Dumandzic, Bonadío había detectado 10 obras adjudicadas en el período investigado, por más de $770 millones. Calculó el magistrado que pagó sobornos por casi $ 50 millones y encontró tres comunicaciones que puso bajo sospecha.
En su declaración indagatoria, Fernando y Julio Palluchini dijeron que se contactaron con Clarens porque sabían que colaboraba con el gobierno anterior y le reclamaban el pago de certificados atrasados, pero nunca le dieron dinero. Mientras Antonio Dumandzic dijo que no conocía a Clarens, pero que era probable que su padre Ivica sí lo hubiera hecho porque ofrecía “las tan mentadas pólizas” y para acelerar los pagos de los certificados. En su resolución, Bonadío había trabado embargos por $ 700 millones para Palluchini y $ 1.100 para Dumandzic.
Pero ahora la Cámara Federal revocó esos procesamientos y les dictó la falta de mérito a los empresarios sanjuaninos. Que no significa en términos procesales la desvinculación absoluta de la causa, lo que sería un sobreseimiento, sino que la Justicia entiende que no tiene elementos para mantener la acusación pero tampoco para absolverlos.
El motivo que argumentó la Sala I de la Cámara fue que a su criterio Bonadío no pudo probar los dichos de Clarens, quien había dicho que recibió el dinero. Y al no quedar firme ese testimonio, la duda de los magistrados hizo que se cayeran las acusaciones. Motivo por el cual también recibieron la falta de mérito la mayoría de los empresarios sospechados y también de los ex funcionarios, entre ellos la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner.