La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan busca poner fin a la espera administrativa y pasar a la acción directa frente a una problemática que afecta la vida cotidiana de miles de sanjuaninos. Fabiana Carrizo, directora del organismo, confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN que se formularon cargos formalmente contra las empresas Movistar y Claro por las fuertes deficiencias en el servicio de telefonía móvil e internet en el departamento Calingasta. Esta medida se tomó luego de que ambas compañías desaprovecharan las instancias de diálogo, a diferencia de la empresa Personal, que logró resolver los conflictos con los usuarios que habían iniciado denuncias. Según explicó la funcionaria, la situación llegó a un límite técnico y legal donde el organismo ya no puede esperar más por soluciones que nunca llegan.
El conflicto en el departamento cordillerano viene con una trayectoria marcada por la falta de compromiso empresarial. Todo comenzó con una denuncia colectiva de vecinos de Tamberías, Barreal y Villa Calingasta, lo que motivó una audiencia pública el pasado 26 de febrero en el propio departamento para facilitar la participación de los damnificados. En aquel encuentro inicial, solo Movistar dio la cara, mientras que las otras prestatarias ignoraron el llamado.
Sin embargo, la situación empeoró en la segunda audiencia del pasado lunes 10 de marzo, cuando ninguna de las tres empresas asistió de forma presencial. Carrizo relató con indignación que las firmas se limitaron a enviar descargos por escrito con argumentos que rozan la falta de respeto al consumidor: "Presentaron unas fotos que fueron una nevada, una foto vieja que los mismos consumidores han hecho un descargo bien amplio también negando toda la información que ellos tienen con datos". Además, las empresas intentaron evadir la responsabilidad alegando que Defensa al Consumidor no es competente para controlarlas, a lo que Carrizo respondió tajante que, si bien el ENACOM regula el sector, su oficina tiene plena competencia en defender los derechos ante el incumplimiento del servicio.
El drama de pagar por un servicio fantasma
La realidad de los calingastinos es compleja y excede lo meramente económico. Según los datos relevados por la Dirección, los usuarios pasan largos periodos totalmente incomunicados: "No tienen directamente el servicio, pasan dos, tres días que no lo tienen y no es que tengan por el clima ni por cortes de energía como lo manifiestan", afirmó Carrizo. Esta falta de señal no se traduce en boletas más bajas, sino todo lo contrario. La funcionaria detalló los costos que afrontan los damnificados, señalando que "hay algunas boletas arriba de 30.000 pesos, otros arriba de 50 y que encima para poder tener el servicio están contratando aparte un servicio de Starlink". Carrizo calificó esta situación como "una locura", especialmente para quienes comercializan y necesitan utilizar dispositivos como posnet para poder trabajar. Por esta razón, el organismo respalda la postura de los vecinos y dejó claro que "el consumidor no quiere un resarcimiento en su boleta, sino lo que quiere es la mejora en el servicio".
Hacia un cierre con sanciones o soluciones reales
El procedimiento administrativo en Defensoría entró ahora en su fase definitoria. Tras la formulación de cargos, las empresas cuentan con un plazo de diez días hábiles para presentar un descargo final que incluya, obligatoriamente, un plan de mejoras técnicas. Si no hay una propuesta coherente que satisfaga a los vecinos, el paso siguiente será la aplicación de multas, las cuales se fijan en canastas básicas y podrían ser considerables dada la cantidad de afectados y la reincidencia. Carrizo destacó que aunque su gestión prefiere la resolución rápida porque "nuestra dirección tiene que brillar por la conciliación y no por una multa", no dudará en avanzar con la sanción si las empresas persisten en su actitud de abandono.
La meta final es que los habitantes de Calingasta dejen de pagar facturas por una señal que no reciben y recuperen el derecho básico de estar comunicados.
A pesar de la gravedad del caso en Calingasta, el panorama provincial de denuncias muestra que la telefonía es solo una parte del problema general. Durante el año 2026, la repartición registró un total de 1.242 denuncias, donde los bancos se mantienen como los principales señalados con un abrumador 45% de las quejas por desconocimiento de compras o cobros duplicados. El comercio en general sigue con el 30%, mientras que las tarjetas de crédito representan el 10% y los supermercados el 5%. El rubro de telefonía celular, aunque crítico en zonas rurales como este caso de Calingasta, promedia apenas un 3% a nivel provincial. No obstante, el caso de Movistar es paradigmático, ya que concentra más de 40 denuncias específicas solo en el departamento del Oeste sanjuanino.
