En Defensa al Consumidor crecen las denuncias por "descuentos indebidos" del Banco San Juan

Existen dos vías claras para que los usuarios afectados busquen una solución: la instancia administrativa conciliatoria que ofrece el organismo provincial y la vía judicial, donde ya se tramita una causa colectiva de gran envergadura. La intención de Defensa al Consumidor es resolver los conflictos a través de una gestión previa para evitar que los damnificados, muchos de ellos jubilados, deban enfrentar los prolongados plazos de un proceso en la justicia para resolver el problema, dijo la funcionaria.

Carrizo informó que en el organismo que dirige el caso Banco San Juan "está en la instancia de gestión previa. Son los descuentos indebidos de la gente. Nuestra dirección es administrativa conciliatoria. Con nosotros tiene que haber una conciliación favorable, obviamente, al consumidor, y resuelta hacia el consumidor. En esa instancia estamos, nos han entrado nuevos nuevos expedientes, nuevas denuncias que tenemos. Ya estamos superando las cien. Un número importante en el que estamos trabajando a través de la gestión previa, para que la gente no tenga la instancia judicial que te lleva por un seguro, llevarlo a la justicia. Cuánto tiempo la pobre gente puede estar peregrinando y no resolviendo el problema, que es lo que debe hacer nuestra dirección".

El conflicto en la esfera administrativa tiene sus antecedentes en operativos de asesoramiento realizados en centros de jubilados, donde se detectó que muchos adultos mayores sufrían débitos por seguros que no recordaban haber contratado y de los cuales nunca habían recibido documentación. A raíz de estos hallazgos, el organismo implementó un programa específico para consumidores hipervulnerables, logrando en diversos casos la baja de los servicios y la gestión de reintegros mediante trámites con las instituciones financieras. Desde la Dirección se destaca que, si las entidades no responden a estos planteos, existen sanciones, y se recomienda a los clientes controlar periódicamente los movimientos de sus cuentas para detectar cualquier descuento sospechoso de manera inmediata.

Paralelamente, el frente judicial sumó capítulos importantes últimamente con un revés para el Banco San Juan en el Juzgado Contencioso Administrativo. La jueza Adriana Tettamanti rechazó un planteo de la entidad bancaria que buscaba excluir de la causa a la asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), bajo el argumento de que esta organización carecía de capacidad legal para demandar. Sin embargo, la magistrada ratificó la legitimación de la asociación basándose en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y leyes provinciales, señalando además que el propio banco reconoció en sus escritos la vinculación de varios clientes con la contratación de seguros, lo que valida la existencia de sujetos afectados.

Esta demanda colectiva en la justicia busca el cese del cobro de seguros no autorizados, la devolución de los montos debitados con intereses y la aplicación de una multa por daño punitivo que hoy se estima en unos 2.336 millones de pesos. La magnitud del caso se refleja en que la entidad informó que más de 86 mil clientes poseen algún tipo de seguro vinculado a sus cuentas. El planteo de la asociación demandante sostiene que el banco incurre en una práctica ilegal al descontar primas de cuentas sueldo o de jubilados sin que estos hayan solicitado el servicio o, en caso de haberlo hecho, sin haberles entregado la póliza o el certificado de cobertura correspondiente.

La justicia también desestimó un intento del banco por declarar la prescripción de la causa basándose en la Ley de Seguros. La jueza determinó que, al tratarse de una acción colectiva que cuestiona una práctica generalizada respecto de consumidores financieros, no se puede aplicar automáticamente el plazo de un año propio de los contratos individuales, ya que esto frustraría la finalidad protectoria del mecanismo judicial. Asimismo, aunque se permitió la participación en el proceso de las aseguradoras Qualia y Sancor para que aporten documentación, se rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado por el banco sobre la capitalización de intereses.

Este proceso judicial cuenta con antecedentes de intervenciones previas de la asociación UCU contra la misma entidad y otras empresas. En el pasado, el Banco San Juan debió modificar sus políticas publicitarias en su sitio de comercio electrónico tras una demanda colectiva que culminó en un acuerdo homologado. Actualmente, mientras la causa judicial sigue su curso para esclarecer la responsabilidad definitiva de la entidad, desde Defensa al Consumidor instan a los usuarios a formalizar sus reclamos si no obtienen soluciones directas de los bancos.