En un escrito presentado esta semana, Boquin señaló que "a los fines de asegurar la transparencia buscada por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo que la misma es de especial interés para esta Fiscal -atento a que diversas publicaciones se refieren a mi actuación en forma difamatoria y falaz, atribuyéndole finalidades inexistentes o ajenas a la misma- es que a V.E. solicito que la/s audiencia/s que se realice/n sea/n filmada/s". La fiscal manifestó además que lo solicitado garantizará la seguridad y la prevención de presiones tendientes a alterar el cumplimiento de su deber en la protección del interés general.
En una breve resolución, las camaristas María Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini no hacen lugar al pedido y llaman la atención acerca de que la transparencia que busca el Poder Ejecutivo a la que alude en su escrito la fiscal Boquin se refiere a la aceptación de la propuesta del Correo Argentino y no a la actuación de la Cámara.
La polémica por el acuerdo entre Correo Argentino S.A. y el Estado Nacional estalló luego de que se conociera el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin. En ese escrito la representante del Ministerio Público sostuvo que -en base a cálculos hechos por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones de la Procuración General de la Nación- el trato implicaba una quita de más de cuatro mil millones de pesos en la actualidad y de más de setenta mil millones de pesos si se proyecta a 2033 cuando la sociedad propiedad del Grupo Macri iba a terminar de pagar su deuda.
(Fuente: Infobae)
