No es usual una conferencia de prensa a la medianoche. Sólo
por una razón de urgencia pública, la necesidad de detener alguna hemorragia.
El gobernador Sergio Uñac fue al hueso, sin contemplaciones: cierre inmediato
con carga de mantener a los trabajadores. Nace ahora una carrera con obstáculos
para quienes deben tomarse el trabajo de volver ganarse la confianza pública
para reabrir la planta industrial, con principal interesada a la empresa
Barrick. El camino será empedrado: opera en el sentido contrario la historia
reciente de hace un año clavado.
Hubo contrastes entre la reacción del gobierno provincial
respecto del episodio y la administración anterior. Uñac dejó bien claro desde
el arranque que no se dejará arrastrar por los cantos de sirenas de la
actividad, si el precio a pagar es quedar atrapado en un reclamo que no es
propio. Eso no lo hará el gobierno, quedó tajantemente expuesto. Por eso hundió
el bisturí hasta lo más hondo, con el dolor en la piel de no haber quedado
conforme por el modo en que la empresa mostró el incidente a la sociedad.
Reincidencia pura y dura, lo que complica las cosas hasta
para el más pintado de los activistas promineros puestos a enumerar sus
beneficios. Primero con el accidente propiamente dicho: dicen los especialistas
que esta clase de eventos no es extraño que se reiteren, la descripción
empresaria sobre el caso pone a imaginar cómo es posible y verosímil el choque
de semejante bloque de hielo contra una tubería, y que sea capaz de destruirla.
Luego, los mismos viejos vicios del proceso de comunicación
volvieron a agravar las cosas. Para explicarlo en criollo: el primer
conocimiento de la ciudadanía de que algo raro ocurría fue por medio de cadenas
de wattsap informales, entregando versiones que terminaron siendo ciertas.
Encima, la compañía empleó un mecanismo extraño: un
comunicado circulado también por wattsap, a las 22 de un día miércoles. Difícil
contener así la reproducción de reacciones, especialmente en la Asamblea Jáchal
no se toca, donde se encontraron con la mesa servida de una demostración
empírica de lo que venían anticipando que podría ocurrir.
No es menor el factor comunicación de esta clase de
incidentes: explican buena parte de los éxitos o fracasos de una operación. En
especial, en territorios difíciles como es el jachallero, ahora doblemente
sensibilizados. Requiere de timming para llegar en el momento justo, que sea
preciso y creíble.
Y acá parece estar el asunto. Lo del timming está dicho:
podrá la compañía argumentar que se siguieron los protocolos globales de la
institución, deberá entonces, si así fuera, corregirlos. Al menos en su
localización argentina, como para evitar que un hecho que ocurrió el 8 de
setiembre en las primeras horas sea comunicado vía wattsap en las últimas horas
del 14 de setiembre luego de la aparición de los rumores. Que, todos saben,
deforman, agrandan, espantan.
Lo de la precisión y la verosimilitud es otro capítulo. Si
no hubiera existido un episodio anterior en el que se comenzó explicando a la
sociedad exactamente lo mismo que ahora, podría hoy darse el optimismo de
pensar que la gente tiene capacidad de digestión sobre esos comunicados.
Pero lamentablemente existe un antecedente que pone a esa
cuesta empinada: aquella vez hace un año se comenzó informando de que se trató
de una cantidad reducida de solución cianurada que no hizo contacto con los
ríos, luego la misma empresa fue corrigiendo hasta llegar a los 2 millones de
litros que ganaron los primeros metros del cauce.
Aunque el resultado final fue sin daños a la salud de los
ríos y la población, para Barrick el episodio costó ríos de sangre, operación
sin anestesia y ocho altos funcionarios y trabajadores procesados por la
negligencia ¿Cómo pretender que ahora no salte como un reflejo en el inconsciente
colectivo el recuerdo de aquellas inconsistencias, ante un nuevo hecho y la
misma explicación de la empresa? Con el uso abundante del tabú de no llamar
cianuro al "agua de proceso”, como señaló en su afilada reflexión el colega de
Minning Press Daniel Bosque.
Los defensores de la minería en general y la explotación de Veladero
en particular (como el caso de éste mismo columnista), ahora deberán salir a la
cancha con una goleada 5 a 0 en contra en el partido de ida. Difícil la
remontada, cambiaron los vientos respecto del episodio anterior.
Lo que más parece haberse modificado es que será difícil
encontrar quien se juegue con decisión por ese propósito. Aquella vez quedó
averiada la credibilidad no sólo de la empresa por pretender superar los
errores cometidos, bajo certeza de que no volverían a ocurrir. A ese costo se
saldó la disputa con sectores oportunistas que aprovecharon del incidente para
poner a todo el entorno bajo sospecha. Y resulta que ahora les quedó todo el
campo a favor ante este nuevo episodio que les entregó la pelota picando en el
punto del penal y con el arquero tirado: sólo tienen que empujarla.
Si la misma Margarita Stolbizer estuvo en Jáchal el día del
aniversario del derrame del año pasado pidiendo que no sea olvidado, cuando ya
había ocurrido uno nuevo. Resulta inevitable ahora que esos espacios tomen más
cuerpo, a bordo de su profecía. Desde el activismo global de Greenpeace hasta
los habitantes de la carpa jachallera –minoritarios en el departamento, pero
que se hacen sentir- fenómenos que en un minuto recobraron impulso.
También en Iglesia, donde se produjo geográficamente el
episodio. Cualquiera podría suponer que ocurrió en Jáchal, a la luz de la
reacción de sus activistas, y no en Iglesia, donde también hay una asamblea
ciudadana y están mucho más expuestos que los jachalleros a lo que ocurre en
Veladero. Pero no, fue en Iglesia. Obviedad no tan obvia, para foráneos y
desatentos. El trato que le dieron en uno y otro lado el viernes al gobernador
Uñac, también mostró contrastes. El plus de agresividad de unos pocos y
agitados activistas jachalleros hacia el mandatario indica que el ambiental no
es el único motivo que los mueve.
Volviendo, difícil será ahora declararse mínimamente
prominero. O afrontar con entusiasmo debates jurídicos como el que se sucedió
con el anterior incidente, cuando el ex juez tortuga Sebastián Casanello se
apresuró a tomar la causa en la dimensión federal y disputó jurisdicción con
Pablo Oritja, quien finalmente se quedó con la investigación. ¿Habrá un nuevo
capítulo de ese debate, ahora que el capítulo II del derrame ocupó todas las
portadas digitales porteñas con títulos en cuerpo catástrofe y Casanello vuelve
a la carga desde Comodoro Py?
No son buenos tiempos para hacer flotar el barrilete de la
minería, claro que nunca nada en este terreno es definitivo. Y justo cuando
comenzaron a cerrar los números para volver a pronunciar en voz alta la ilusión
de reactivar la inversión dormida de Pascua-Lama, de la mano de la misma
Barrick, un zapatazo al ángulo que pone bajo los reflectores a toda la
actividad y en todo el país.
El gobierno provincial es prominero por declaración y acción.
Lo demuestra cotidianamente, sin ir más lejos en la ponderación del propio
gobernador Sergio Uñac el día anterior a la difusión del incidente, cuando
invitó a los inversores mundiales a San Juan para desarrollar la actividad. O
en su planificado viaje a China para difundir los atractivos mineros de San
Juan, que debió suspender ante la lógica onda expansiva del incidente. Lo que
no está es dispuesto a dejarse salpicar por las impericias ajenas.
Lo mismo podría caber para el gobierno nacional. Si hasta
ese mismo día a la tarde los ministros de la talla de Prat Gay o Cabrera se
ufanaban de los avances en la atracción de capitales e inversiones globales en
el sector minero en el mini Davos, para que pocos minutos después la palabra
Veladero saltara a trending topic mundial por un nuevo derrame. Todo tirado a
la m…., se lamentaban en las horas posteriores en el ambiente empresario.
Fastidio lógico: justo ahora que el oro va para arriba, que
las condiciones económicas y políticas mejoran, tropezarse dos veces con la
misma piedra. Como salir con un tenedor el día que llueve sopa.