"Se dicta una resolución donde le pedimos al ministerio de Minería los hechos que se produjeron, a su vez de ser necesario que se adopten
todas las medidas preventivas y precautorias para evitar cualquier tipo de daño
a la flora y fauna, al agua, a los humanos, y le damos un plazo de 48 horas
para que nos respondan que medidas han adoptado", dijo el defensor del Pueblo de San Juan César Orihuela.
"Por otro lado se está elaborando una denuncia penal para
saber si se ha configurado un delito, e insistiremos para que el juez de la causa y
los fiscales investiguen y den con los responsables, y que se determine si ha
habido daño, y en tal caso que se repare", agregó.
"Entendemos que posteriormente, hablo de plazos muy breves,
iniciaremos una acción de amparo colectiva para la protección de la gente y el
medio ambiente. La defensoría del Pueblo está cansada de esta situación. Hace poco hubo un derrame, no puede ser que en poco tiempo se produzca otro, la
empresa debe extremar los controles", sentenció.
"Si la empresa no puede hacerlo que deje la
explotación para alguien capacitado. No podemos estar viviendo con el corazón en La boca por los posibles derrames que se provocan", concluyó.