La Justicia dio marcha atrás en un operativo que se había ordenado en el departamento que habita el exministro de Planificación Federal y actual diputado kirchnerista Julio De Vido, a raíz de que posee fueros, en el marco de una causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
La orden de presentación que el juez Luis Rodríguez encomendó realizar el pasado viernes a la Policía Federal con allanamiento en subsidio en el departamento de Avenida del Libertador 2275/77, se suspendió ese mismo día cuando la defensa puso en conocimiento que era el lugar en el que habita De Vido y que el mismo detenta fueros parlamentarios.
La investigación por enriquecimiento ilícito de De Vido es por el período 2003-2007 y se inició por una presentación del abogado Ricardo Monner Sans, a partir de dudas sobre la presunta posesión de una chacra en Zárate, y que luego se extendieron a otros bienes.
De Vido fue sobreseído en un primer término, lo que fue apelado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ante el cual la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se lo siga investigando, y ahora el juez Rodríguez y el fiscal Patricio Evers avanzan en el caso.
El juez el pasado viernes había ordenado varios operativos, uno de ellos en el departamento del décimo piso de Avenida Del Libertador 2275/77, para buscar libros societarios y contables de la firma Uni Vite Argentina S.A, las facturas, los extractos bancarios, recibos y todo tipo de documentación.
La orden comprendía que una comisión policial solicitara la información y, en caso de no recibir respuestas, la Policía estaba habilitada para allanar.
Pero ese mismo viernes, los abogados de De Vido se presentaron en Tribunales y advirtieron al juez de los alcances de la ley 25.320, que estipula los fueros: "No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara" de Diputados, prevé la misma.
Así Rodríguez dejó sin efecto la orden de presentación con allanamiento en subsidio respecto a ese departamento.
Al reabrir el caso, la Cámara de Casación Penal había puesto la sospecha sobre la pertenencia de la chacra en Zárate así como del departamento en Capital Federal: entre 1994 y 2009 ese departamento de avenida Del Libertador era de la firma Uni Vite Argentina SA, y posteriormente se transfirió al español Juan Manuel Sebastián Pérez.
Según información recabada por el juez, Uni Vite Argentina fue constituida en 1992 por Isabel Sánchez Maldonado (19 mil acciones) y Liliana Violeta Epelbaum (1000 acciones), y en 2003 amplió el objeto social y no sólo se dedicaba ya la misma a comercializar productos alimenticios sino también actividades de construcción e inmobiliaria.
Luego pasó por otras manos y finalmente quedó Uni Vite Argentina en manos del español Pérez, y como único bien el departamento de Avenida del Libertador.
"La comparación de los ingresos por alquiler y los gastos de la firma resulta cuanto menos sospechosa", sostuvo el juez Rodríguez: es que en 2004 no se denunciaron ingresos pero se pagaron expensas por 13.149,82 pesos; y al siguiente año tuvo ingresos por 17.400 pesos y tuvo gastos por 14.813,51 pesos.
El juez tuvo en cuenta que el mismo domicilio social de Uni Vite Argentina es el del contador de la firma (Julio César Barrera) y allí tendrían su sede social diversas personas jurídicas vinculadas al titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Omar Suárez.
Para el juez podrían configurarse situaciones de supuestas negociaciones incompatibles con la función pública o dádivas.
Asimiso, el juez dispuso distintos operativos en domicilios en los que funcionó la sociedad Uni Vite Argentina.
