El juez federal Sebastián Casanello firmará en las próximas horas la resolución en la que procesará al empresario Lázaro Báez y a su contador Daniel Pérez Gadín, ambos detenidos en el penal de Ezeiza por maniobras de lavado de dinero. Además el magistrado dispondrá nuevas medidas, entre ellas una nueva ronda de indagatorias.
Casanello definirá la situación procesal de todos los indagados recientemente, entre ellos el hijo de Lázaro Báez, Martín Báez, a quien se lo ve contando dinero en el video incorporado a la causa, y quien también se encuentra muy comprometido en el expediente. La incógnita es si a éste último le dictará o no la prisión preventiva.
Cuando ordenó la detención de Lázaro Báez, Casanello le atribuyó haber ingresado, a través de su hijo Martín Báez, el día 02/11/2012 y en otra fecha aún no determinada, pero presumiblemente en los últimos meses del año 2012, dinero por una suma total aproximada de 5.100.000 de dólares en la sociedad SGI Argentina S.A., conocida como La Rosadita.
Ese dinero fue contado en el lugar en presencia de su hijo, como así también de César Gustavo Fernández (responsable de la financiera SGI), el representante de la empresa aérea Top Air, vinculada a Austral Construcciones, Walter Adriano Zanzot, y el ex marido de Ileana Calabró, Fabián Virgilio Rossi, todos imputados.
También estaban Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián Ariel Pérez Gadín, junto con otros sujetos no identificados al día de la fecha, "disimulando de ese modo la fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud". Todos serían procesados, según las fuentes consultadas.
Por otra parte, se espera que el juez cite a una nueva ronda de indagatorias cuyos nombres surgieron de la declaración que hizo el "arrepentido" Leonardo Fariña.
El juez apunta ahora a lo que se denomina la "pata financiera" del entramado y a la obra pública, en la que fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuán varios empresarios y financistas.
Fariña explicó que existía una estructura para la adjudicación fraudulenta de obra pública que involucraba al Ministerio de Planificación Federal, a la Cámara Argentina de la Construcción y a la SIGEN, entre otros organismos, y que favorecían a las empresas de Lázaro Báez y de Carlos Wagner –presidente de la C.A.C-, tales como Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, Sucesión de Adelmo Biancalani, ESUCO, etc.
También se apunta al financista Ernesto Clarens, a quien Fariña lo vinculó a la fuga de capitales por envíos de dinero a España.
Clarens controlaba una cuenta en un banco de Ginebra, Suiza, que se usó luego de la venta compulsiva de la financiera SGI "La Rosadita", para recibir giros de "clientes no determinados".
El empresario Clarens, con su financiera Invernes, tuvo contratos con la provincia de Santa Cruz cuando la gobernaba Néstor Kirchner y luego fue central en la parte financiera de las empresas Gotti y Austral Construcciones para el cambio de los cheques oficiales por los certificados de obra, entre otros negocios, según explicaron las fuentes.
Entre los imputados por el fiscal Guillermo Marijuán y quien debía declarar en la causa figura el desaparecido abogado Jorge Chueco, apoderado de Helvetic Service Group que se conformó para el armado de cuentas en el exterior. La financiera habría realizado, según consta en el expediente, operaciones millonarias con los dos proveedores principales del gobierno kirchnerista en la obra pública de Santa Cruz, Báez, y Carlos Wagner, titular de la constructora Esuco.
(Fuente: Minuto Uno)
