Si fuese cierto eso de que a buen entendedor pocas palabras, Roberto Pagés eligió el camino de contramano.
Debió comparecer en el jury contra Macchi y lo hizo por oficio, beneficio reservado para los magistrados u otros altos funcionarios. Como si estuviera frente a una sentencia, allí se despachó con todo sin escatimar en adornos verbales y en citas laterales. Hubo pasajes en los que apareció contradictorio, hubo otros en los que aceptó sin denunciar que pudo haber sido adulterado una providencia suya, sintonizó casi siempre con la columna vertebral de la defensa de su colega Carlos Macchi, disparó dardos envenenados hacia la Fiscalía y no se privó de ofrecer soluciones.
Lució extrañamente desbordado y sugerente, sobreabundante en respuestas para preguntas que pedían preguntas más concretas, generoso en jurisprudencia y hasta sin privarse de enseñarle el camino a los abogados de la provincia sobre cómo deben hacer su trabajo, si es que la provincia es “bien defendida”.
Lo de sugerente tiene en pasaje concreto en el extenso documento con el que respondió a las preguntas que le hizo la parte que lo citó a declarar, la defensa de Carlos Macchi. Porque Pagés fue subrogante del juzgado de Macchi (cuando ambos eran colegas de la misma jerarquía como jueces civiles, ahora Pagés ascendió un peldaño) en un pasaje clave de este escándalo. Y Macchi lo trajo para que respondiera por ese pasaje clave, una foja del expediente del Parque de Mayo que aparece nítidamente adulterada (ver nota aparte).
La estrategia de Macchi fue agarrarse del salvavidas de Pagés, señalando que si hubo una irregularidad en ese pase (luego comprobada en la pericia caligráfica que dijo que hubo adulteración) eso debe ser anotado en la cuenta del ahora camarista. Pagés aceptó haber firmado la providencia en cuestión, pero luego admite que pudo haber sido adulterada.
Lo hizo de la siguiente manera: En primer término, y advertido de que podría haber pasado lo que ocurrió (la adulteración), señala que “el secretario del Juzgado es el responsable directo de vigilar por la conservación de los expedientes y por su pérdida, mutilaciones y alteraciones”, como señala la ley orgánica de Tribunales y como quedó que claro que ocurrió.
Pero trascartón, el magistrado señala que “no tengo por qué dudar de que la fecha de la providencia referida pueda haber sido adulterada sin que el secretario del juzgado lo haya advertido”. ¿Es o no es? En el mismo escrito, párrafo de por medio, una explicación confusa sobre quién deberá pagar con su responsabilidad por la inmensa irregularidad de que una fecha se haya adulterado para beneficiar un pago millonario. Y no es una lectura lateral el hecho de que la pretensión inicial fue la de hacer pasar como que la enmienda la había hecho el propio juez Pagés, subrogante en ese momento de Macchi.
También resulta curioso que en un punto de su testimonial en el que sólo fue consultado para que “reconozca su actuación” en la causa del Parque de Mayo, el juez que tuvo un efímero paso por la causa de firmar una providencia haya sido tan generoso en detalles, citas y enseñanzas. Con pasajes que puede interpretarse en sentido inverso. Por ejemplo, postula la necesidad del juez de mantener a lo largo del proceso “una equivalente distancia con las partes y con sus abogados y evitando cualquier tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio”.
Todo bien, si no fuera porque párrafos más adelante avanza con dudar sobre la aptitud de la Fiscalía de Estado para defender a la provincia y propone una jurisprudencia que ya había diligenciado por los medios de comunicación como tabla de salvación para que la provincia no pague ninguno de los juicios expropiatorios que aún tiene pendientes. Es un proceso caratulado como “Establecimiento la Magdalena contra provincia de Bs. As.” por una expropiación inversa que habla de que puede ser rechazada cuando pasaron más de 20 años de la desposesión.
Más allá de que el asunto no ofrece soluciones para lo que ya se pagó en este escándalo –unos 200 millones de pesos que fueron a parar percibidos mayoritariamente por el abogado Santiago Graffigna-, algunos entienden que esta declaración saca de la cancha al propio Pagés. Es que Pagés ocupa una sala que revisa los fallos de Machi –de hecho tiene a revisión alguno de ellos-, y puede considerarse que está preopinando.
En su explayada respuesta a la pregunta sobre “su intervención” en el expediente, Pagés se dedica a navegar sobre apreciaciones que no formaron parte de la pregunta, pero que sin embargo no se privó de dejar estampadas. En algunos pasajes apareció sintonizando con la posición del juez enjuiciado, quien sostiene que no debe ser sometido a jury porque sus decisiones fueron revisadas por los tribunales superiores. Y eso mismo es lo que repite Pagés sin que se le pregunte: ”Ahora, cualquier disconformidad con la decisión del juez debe ser expresada a través de los recursos judiciales, pues el ordenamiento procesal provee medios para la solución de los posibles errores a través de los recursos”. Ni hablar de un jury.
Bordeó también la teoría del principio dispositivo, es decir que el juez civil únicamente dispone lo que le acercan las partes, que Macchi enharboló para justificar su pasividad ante fallos irracionales y para argumentar que si la defensa de la provincia no lo hizo bien, no le correspondía a él subsanarlo. Y disparó también contra la conducta de Santiago Graffigna, a quien señaló por las “operaciones especulativas” de haber comprado los derechos a sus dueños originales en los expedientes expropiatorios del escándalo “para cobrar luego vía judicial montos extremadamente superiores a los percibidos por dichos dueños originales”.
Todo eso, sin que nadie le preguntara y apenas respondiendo a la pregunta sobre su intervención en el expediente de Parque de Mayo en el punto 2 de las preguntas. Y ya que estaba, a pasar el aviso: “distintos son los casos en que me tocó intervenir”, encabezó a la enumeración de los expedientes expropiatorios en los que tuvo que fallar, que no están investigados penalmente pero fueron salpicados en el escándalo.
Citó el caso “Ricardo Benito Luna”, por el que se pagaron $744.500 más intereses, por una hectárea y media, una cifra que no es como para decirla en voz alta. Eso fue lo fijó el Tribunal de Tasaciones, que para el fiscal De Sanctis fue la “puerta de entrada al infierno” porque en ese plenario del tribunal se convalidaron criterios que empujaron los precios para arriba. Se insiste en que nunca le fue consultado al camarista por su conducta en los casos que debió fallar, sino sólo cuando tuvo que subrogar a Macchi en el delicado caso Parque de Mayo. ¿Por qué lo consignó, si no se trata de algo que se ventilara en el jury a Macchi, y sin que esté en tela de juicio –al menos por ahora- esa conducta?
El extremo de la sobreabundacia ocurrió cuando el juez Pagés agregó un punto 6 a sus respuestas, sin que mediara una pregunta 6. Allí se explaya en consideraciones generales sobre los jueces y el servicio de justicia, lección gratuita a quien quiera leerlo. Para poner el resaltador en su cita a una frase de un juez llamado Aharon Barak: “El juez no es un político”. No lo será, sólo que a veces utiliza los mismos métodos.
martes 28 de abril 2026
