La Corte y el Gobierno, por caminos diferentes

Aunque haya una sonrisa para las fotos, las cosas no están bien entre el máximo tribunal de justicia de la provincia y el Ejecutivo. El viernes a la tarde posaron para los flashes y quedaron en volverse a ver, pero lo que mejor define a la relación entre las cúspides de dos poderes del Estado es la desconfianza.
En el gobierno no tomaron muy a gusto el tono del encuentro del viernes, de hecho no fueron ellos quienes lo filtraron a la prensa. Hubieran preferido el bajo perfil, como vinieron siendo hasta ahora los contactos entre funcionarios y cortistas en los que hubo entendimientos. De cara a las cámaras, a nadie le sirvió: a la salida, no pasaron las declaraciones del tono de alto valor institucional que significa el diálogo entre los dos poderes. Punto.
Sobre este contacto de la semana pasada sobrevolaron los fantasmas. Porque fue producto de la elaboración del proyecto oficial de la policía judicial, pero en el Ejecutivo entendieron que llegaba acompañado de un operativo mediático para pedir los recursos para implementarla. Porque los jueces que participaron de la elaboración de la propuesta hicieron su presentación una semana antes ante un par de medios y anunciaron a los cuatro vientos que pedirían al gobierno una audiencia para solicitarle los fondos.
“¿No saben dónde queda la Casa de Gobierno?”, se preguntó en voz alta una voz oficial cuando se enteró del proyecto por medio de los titulares. Les llamó la atención que anunciaran que pedirían una audiencia, en lugar de hacerlo directamente. ¿Para qué lo hicieron?, se preguntaban. Sospechan que el orden fue ése para llegar al encuentro con el asunto instalado. Y eso en el Ejecutivo no cayó bien.
La cuestión es que el proyecto fue conocido y difundido antes de ser puesto a consideración del Ejecutivo. Cuando llegaron el viernes pasado con la carpeta, los funcionarios no sabían de qué se trataba. Y es que el proyecto de la policía judicial no es ni pequeño ni poco importante. Porque significa un cambio rotundo en el sistema judicial: la investigación pasa de los jueces a los fiscales y la policía deja de hacer trabajos para los jueces y se dedica a prevenir el delito.
Pero su aplicación es, claramente, un capital político. Porque implica, de un solo saque, la designación de alrededor de 500 personas que son las que integrarán la fuerza. Y con la voracidad que hay en Tribunales y sus alrededores para designar gente, en el Ejecutivo ni piensan en dejar ese trabajo en sus manos. También es caro: implica un fuerte desembolso en nuevos empleados, espacio e instrumental, y hay que sacar bien las cuentas.
Por eso el gobierno aspiraba a otro nivel de diálogo en lugar de la puesta en escena de la semana pasada. Y así se entienden las palabras del gobernador Gioja sobre el punto: “vamos a ver cómo funciona en otras provincias”. Poco entusiasmo y aparente destino de freezer para el proyecto.
Otro punto en el que no hay buena sintonía entre el gobierno y la Corte es la megacausa por el escándalo de las expropiaciones. No es una causa más, es la más escandalosa en décadas. Y tuvo como uno de los epicentros al propio palacio de los Tribunales, donde ejerce su autoridad la Corte.
En esta causa, no sólo se juegan los dineros públicos sino que es una apuesta fuerte del gobierno. Tanto que su primer antecedente es un decreto firmado por el gobernador Gioja –la suspensión del abogado Baistrocchi de Fiscalía de Estado-, la causa lleva el nombre del secretario de la Gobernación Walter Lima, y el principal impulsor de la investigación es un hombre fuerte del entorno de Gioja, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis. A pesar de todos estos gestos, no se sienten del todo acompañados por el máximo tribunal de justicia.
En el Ejecutivo prevalece la sensación de que la Corte podía haber hecho más para frenar los pagos y dejar avanzar la causa, y no lo ha hecho. Citan por lo bajo lo que pasó en Mendoza, donde el fiscal de Estado fue suspendido de sus funciones por un caso también de precios inflados por las expropiaciones, donde la denuncia fue de la Corte.
Por más que se esfuerza, en los despachos oficiales no ven ningún gesto de compromiso con la causa. Y será la Corte la que tendrá la última palabra en casi todas las instancias de esta mega investigación. Ya tienen en sus manos una cautelar por la causa Carbajal –la de la ampliación de denuncia que motivó el pedido de indagatoria de la jueza Marún que aún no resuelve- y llamó la atención esta semana que un escrito de la magistrada hiciera alusión al tema.
Hubo un fallo de la Corte a favor de la investigación con la causa lateral, en la que convalidó la acusación fiscal volteada en Cámara y dejó viva esa investigación. Queda pendiente una resolución por la recusación a la jueza Nacif por el reclamo del cesanteado –y fallecido- Baistrocchi. Pero las quejas oficiales parten del manejo de los tiempos y los gestos. De hecho, la presidencia de Medina Palá –flamante, en lugar de Balaguer- le retiró a la jueza Rosellot un empleado para que avanzara en la investigación.
En el fondo, subyacen viejas definiciones políticas. No es novedad que la actual composición de la Corte es predominantemente bloquista, con miembros relacionados a este ámbito desde hace años. Y los jueces que están en el foco de la tormenta también están relacionados con el Bloquismo: Marún de Sobelvio y Carlos Macchi.
El último punto que genera roces, invisibles e inaudibles pero roces al fin, entre la Corte y el Ejecutivo es el proceso de recambio en Tribunales. Es que la creación de nuevas cámaras junto al recambio de jueces que agotaron su vida útil y retuvieron los cargos hasta que obtuvieron el beneficio del 82% para retirarse, hicieron que los próximos tiempos sean  noticia los cambios y las elecciones de jueces. Y también los nombramientos de personal auxiliar, esenciales para que funcionen los nuevos tribunales.
No será lo mismo que el recambio se realice con esta Corte o con otra. Porque el cargo de cortista es un cargo que detenta un claro ascendiente en toda la cadena jerárquica de Tribunales, y su peso se hace sentir tanto en la elección de los jueces, como en los jury a los jueces –instancia en la que podría caer Marún- y también el personal que ingrese. Entre los que suelen colarse hasta los hijos de la empleada doméstica de los que tienen la sartén por el mango.
En la designación y remoción de los jueces, la Corte dispone de un integrante de cinco. Y en el nombramiento de personal, la Corte es la que dispone casi discrecionalmente. Se trata de un capital político que genera lealtades y correspondencia no sólo en el edificio. El Foro de Abogados ya abrió el paraguas en este asunto y presentó esta semana un proyecto para cambiar tres cosas en la designación de jueces: la más importante, que haya un orden con el que los aspirantes salen del concurso. Si alguien lo quiere alterar, que explique por qué.
El gobierno tampoco le quiere dejar a la Corte semejante capacidad de operación en este recambio histórico. Y los cortistas no quieren abandonar ese privilegio: al menos nadie ha amagado con irse, pese a que algunos ya llegaron a los 90 años y tienen el beneficio previsional del 82%.
Si se viene un recambio también en la Corte nadie lo sabe. Se viene anunciando desde hace años, pero no se produce. Y el clima no es el mejor. Por eso las sonrisas para los flashes fueron sólo de ocasión.

Las diferencias

*Policía judicial
-No cayó bien el gobierno el modo de presentación del proyecto. Primero a los medios, luego al Ejecutivo.
-Implica una gran cantidad de dinero y de designaciones: no quieren que las realice la Corte.

*Megacausa de expropiaciones
-El gobierno espera un gesto de respaldo del máximo tribunal a una causa que le resulta vital. Aún no lo ven.
-Sí ven un espíritu corporativo, especialmente en el caso de jueces involucrados.

*Designaciones
-Hay gran cantidad de jueces que se van y hay que nombrar a sus reemplazantes. La Corte influye en el proceso y no se va ningún integrante.
-También hay mucho personal por incorporar y eso genera chispazos.