El ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem, el periodista y escritor Juan Bautista "Tata" Yofre, fue procesado junto con un grupo de connotados periodistas por integrar, con distintos grados de participación, una supuesta asociación ilícita que se dedicaba a espiar a funcionarios de alto nivel de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Entre los procesados aparece uno de los principales editorialistas del diario La Nación, Carlos Pagni. Pero también Roberto Alderete, del sitio de internet SEPRIN; Edgar Walter Mainhard, del sitio web Urgente 24; y Roberto Ángel García, ex columnista político del diario Ambito Financiero y actualmente del periódico Perfil.
Los procesamientos fueron dictados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y en ningún caso incluye la prisión preventiva, aunque sí embargos que llegan hasta el medio millón de pesos. "Se determinó que el fin perseguido por el nombrado Yofre era el de obtener documentos e información de orden político, social, militar o económico que debían permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación, para luego distribuirla entre diferentes clientes", señala el fallo.
En 355 páginas, la jueza coincidió con el fiscal federal Sebastián Basso en que existió un "microemprendimiento criminal" que tenía dos extremos: los organizadores de la empresa, con Yofre a la cabeza, obtenían ilegalmente información clasificada intrusando y espiando las cuentas de "correos electrónicos oficiales y privados de funcionarios públicos" y de "otras personas públicas, como es el caso de actrices, actores, conductores y modelos, entre otras personalidades del espectáculo". Pero esa información no fue incluida en los procesamientos por considerarlos delitos de "acción privada".
Para Arroyo Salgado, "la prueba reunida en el expediente se integra básicamente con el producido de las intervenciones de las conversaciones telefónicas y de la navegación electrónica correspondientes a los domicilios de los investigados, los testimonios de los damnificadas, como también, de otras personas que comparecieron al tribunal, los elementos y documentación secuestrada en los allanamientos practicados en los domicilios de los imputados y, finalmente, el resultante de los peritajes realizados sobre los equipos de computación secuestrados". Un trabajo largo y paciente que llevó más de tres años.
El fallo sostiene que el ex titular de la SIDE menemista "se encontraba a la cabeza de dicha organización, en calidad de jefe, en tanto Héctor Roberto Guillermo Alderete y Pablo Alfredo Carpintero (quien dijo ser 'remisero' de profesión) actuaron como miembros de la citada asociación ilícita cumpliendo el rol de entrometerse, a través de técnicas de 'hacking' y 'pishing', en los correos electrónicos de aquellos funcionarios previamente escogidos por Yofre, para hacerse de los datos y la información objeto de la empresa". Con ese material en su poder, "Yofre comercializaba luego la información, vendiéndola a los imputados Daniel Manuel Reimundes (un general retirado del Ejército), García, Pagni, Néstor Carlos Ick (quien se definió como 'abogado y empresario') y Mainhard, quienes no obstante poseer cabal conocimiento de que la misma había sido ilegalmente obtenida, en tanto se trataba de los propios correos electrónicos de las personas intrusadas, por lo que tanto del remitente como del destinatario consignado era fácil advertir que no les estaban dirigidos accedían y hacían uso de su contenido en distintos ámbitos y medios periodísticos de acuerdo a su actividad laboral y/o profesional."
La operatoria, según la resolución, consistía en obtener "las claves personales de las casillas de correo en cuestión y una vez que se hacían de las mismas, constantemente ingresaban a sus cuentas de email, copiaban los correos que enviaban y recibían sus titulares, para luego transmitirlos a Yofre, quien con posterioridad los seleccionaba y distribuía".
La modalidad del espionaje electrónico también está descripta en el documento, al que tuvo acceso Tiempo Argentino: "En primer lugar creaban una cuenta de correo electrónico cuyo proveedor tuviera radicación en el exterior del país, ello por cuanto dificulta la interceptación de mails con fines investigativos, en razón de que el trámite para así lograrlo demanda un tiempo más que prolongado. Dicha cuenta receptáculo era cambiada por los usuarios aproximadamente cada tres meses, con lo cual, de lograrse su intervención judicial, la misma devenía inocua."
Con sus matices, todos los imputados minimizaron las pruebas utilizadas por la jueza para procesarlos. Por caso, Pagni admitió que conocía a Yofre y que fue él quien "comenzó a enviarle emails procedentes con información y documentación de distinta índole". También recordó que "le proporcionó unas contraseñas para acceder a esa misma información en la sección 'borradores' de la cuenta de email [email protected] y de la cuenta [email protected], ignorando si era el único usuario exclusivo de esa contraseña o si había otros usuarios de las mismas". "Dicha modalidad no le pareció insólita, ya que con anterioridad algunas fuentes habían adoptado ese método para comunicarse con él... y mucho menos pagó por esos textos, ni por otros”, explicó, según el escrito.
Sin embargo, la jueza detectó que "cuando le cargaba información en la cuenta… Yofre, siempre en forma codificada le informaba que contaba con tales correos electrónicos ilícitamente obtenidos, empleando términos en italiano como ser: 'Postino', 'Antonicci', 'Massimo'; en tanto cuando se refería a la cuenta con radicación en Brasil, directamente empleaba el nombre 'Ronaldo'." Sin embargo, Arroyo Salgado advirtió que Pagni tenía "total certeza acerca de que la información que recibía tenía un origen ilícito" y transcribió como argumento un textual del periodista: "no quiero quedar pegado bajando los sobres de acá, ¿me entendés?"
viernes 1 de mayo 2026
