La megaestafa con casas del IPV, a juicio

Por Gustavo Martínez Puga
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Después de una serie de apelaciones que hicieron los abogados defensores, lo que trabó el proceso judicial durante más de dos años, finalmente fue elevada a juicio la megaestafa con viviendas en las que se usaba como anzuelo un vínculo inexistente con el IPV, según precisó el juez José Atenágoras Vega, del Cuarto Juzgado de Instrucción.
Esto ocurre a 29 meses de que se recibieron las primeras denuncias en sede policial y judicial, el 20 de abril de 2010. Aunque los engaños con el sueño de la casa propia habían empezado en marzo del 2009. Todos los pormenores comenzarán a ventilarse en el juicio que realizará la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional, donde se espera un debate maratónico por la cantidad de damnificados y de testigos.
Hoy en día se contabilizan 208 perjudicados por una red de cinco presuntos delincuentes que operaban bajo la pantalla del Movimiento Agropecuario de Provincial, una entidad sin personería jurídica.
Ellos son: Carlos Alberto Albornoz, el único detenido, imputado del presunto delito de estafas reiteradas con viviendas. Esta persona era el líder de la agrupación. Llegó a editar una revista del movimiento que dirigía y en la que publicó fotos con el ex senador César Gioja, como parte de una maniobra para hacer más creíble su supuesto vínculo con el gobierno. Albornoz estuvo prófugo y había llegado a pesar sobre él una captura nacional. Sin embargo, un día la delegación local de la Policía Federal lo atrapó en su casa de toda la vida en Pocito.
La decisión de dejarlo preso a Albornoz hasta el juicio fue apelada, y también plantearon la nulidad del procesamiento de Barragán, otro de los imputados. Pero la Sala II de la Cámara Penal dejó firme ambas decisiones.
Por otro lado, la defensa de Albornoz fue hasta la Corte de Justicia con su reclamo, donde la prórroga de la prisión preventiva dictada en la primera instancia volvió a quedar firme.
A esto se agregó que el pedido de elevación a juicio que había hecho el fiscal había recibido la oposición de otro de los defensores. Ese incidente ya fue resuelto. Y todo esto dilató el proceso. El auto de procesamiento del juez Vega fue dictado en junio del 2010 y recién ahora quedó firme para ir a juicio.
Los otros cuatro sospechosos, quienes fueron excarcelados bajo fianza, están procesados por su participación principal en estafas reiteradas en concurso real. Ellos son: Marcos Javier Barragán, Pedro Ignacio Roldán Zagarra, Miriam Alejandra Quiroga Gutiérrez y Alejandra Mariela Dragui.
En el fallo del procesamiento, el juez Vega dice que “Albornoz, Barragán, Roldán y Quiroga junto a Dragui, eran plenamente conscientes de las diversas y sucesivas maniobras estafadoras que llevaron a cabo entre marzo de 2009 a abril del corriente año –en relación al 2010-, en perjuicio de los diversos adquirentes de carpetas de viviendas”.
Durante la etapa de investigación, Albornoz dijo que no hay nada firmado por él e imputó a Barragán por las estafas. Mientras que los otros cuatro implicados señalaron a Albornoz como el principal responsable. Ahora en el juicio oral y público se resolverá quién es quién.

Las pruebas

Cinco vehículos, electrodomésticos y dinero de cuentas bancarias, más documentación probatoria como recibos y revistas, son alguna de las pruebas que pesan sobre los imputados.

¿Cómo operaban?

Carlos Albornoz era el líder del movimiento y se supone que de la organización que estafó a 208 familias con el cuento de conseguirles una casa del IPV a cambio de dinero, por el cual recibían hasta una especie de recibo con el logo del movimiento.
Pedro Roldán habría funcionado como un promotor del movimiento agropecuario.
Alejandra Dragui se habría presentado como una supuesta asistente social del IPV que encuestaba a los que pagaban por las carpetas truchas.
Marcos Barragán y su madre, Miriam Alejandra Quiroga tenían cuentas bancarias a su nombre, en las cuales algunos de los damnificados habían depositado su dinero por una casa.

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La megaestafa con casas del IPV, a juicio

Son 208 las personas que fueron damnificadas. Pagaron entre 7.000 y 20.000 pesos o entregaron vehículos. Se cree que se alzaron con un monto millonario. Por Gustavo Martínez Puga.

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