expediente expropiaciones

Lo que dejó la declaración de Graffigna

El abogado investigado en la megacausa de expropiaciones rompió el silencio. Su presentación dejó tela para cortar: sugerencias, estrategia y su posición frente a cada tema complicado. Un delicado juego de palabras, silencios y mensajes. Por Sebastián Saharrea.
sábado, 16 de junio de 2012 · 09:51

Por Sebastián Saharrea

Desde que fue señalado en el medio de la investigación por la presunta estafa al Estado con las expropiaciones, el abogado Santiago Graffigna optó por el silencio. Durante todo ese tiempo se dedicó a mantener contacto mediático por medio de sus abogados –Rolando Lozano y Fernando Ramhe-, pero las cosas parecieron cambiar para él, porque el martes decidió aparecer en una conferencia de prensa a la que citó en el Hotel Albertina. Allí, habló ante los periodistas sobre la causa, y luego mantuvo un extenso mano a mano con Tiempo de San Juan en el que respondió a todas las publicaciones exclusivas de este diario sobre las presuntas irregularidades cometidas en los procesos, y que lo involucran.
De ambas declaraciones surgió esta lista de consideraciones sobre lo que dijo, lo que no dijo, y porqué.

-¿Por qué habló ahora?
Santiago Graffigna se había mantenido en silencio y hubiera continuado con la misma estrategia. Pero algo cambió en los últimos días para que se decidiera a hablar. ¿Qué cambió? Empezó a recibir señales de que su situación se complicaría en el futuro inmediato, una apreciación que se desprende de los pasos de la jueza, que aún no lo indaga y piensan que no lo hace para reunir pruebas en su contra, como de lo que se conoce por los medios periodísticos.
Lo dijo él mismo: “Tengo miedo de quedar detenido por segunda vez”. Graffigna estuvo preso, pero no por la megacausa sino por la causa lateral en la que se lo investiga por administración fraudulenta en la que la Corte acaba de dar una señal al convalidar el requerimiento fiscal, que la Cámara había invalidado. Por lo tanto, esa causa sigue.

-Un “preso político”
Graffigna se encuadró en la condición de perseguido político y esa fue la línea argumental de su exposición para defenderse de una hipotética segunda detención. Pero no ofreció ningún elemento para respaldar esa afirmación en el avance de la megacausa que tramita la jueza María inésRosellot. Y respecto de la causa lateral, objetó la rapidez con que la Corte se pronunció sobre la apelación de la querella, aunque esa investigación no es promovida por el gobierno –como sí lo es la causa principal en una denuncia presentada por el secretario General de la Gobernación, Walter Lima- sino por una particular dueña de un terreno en Cuesta del Viento que se sintió perjudicada por su abogado, Santiago Graffigna.

-Revolear la media
Se habló por lo bajo durante la cita con periodistas de involucrar a otras figuras con declaraciones picantes, si es que la causa avanza. El propio Graffigna pronunció un par de nombres que no están en la mira, justamente en el sentido de involucrar a más gente en la investigación.
Por ejemplo, Tiempo de San Juan le preguntó por la conducta de los jueces Carlos Macchi y Rosalba Marún de Solvelbio –los que aparecen más comprometidos por las sentencias de pago por esos terrenos- y Graffigna también citó al juez Roberto Pagés, un magistrado de alto perfil. También avanzó sobre la responsabilidad del ex fiscal Mario Díaz, sobre quien dijo que “le han dado un cargo” por su designación como secretario en un Juzgado de Paz, y a quien responsabilizó por haber acudido a la Corte sin el requisito del fallo de segunda instancia certificado.
En la línea política, apuntó sobre César Gioja. Dijo que el ex senador fue quien hizo la posesión veinteañal de Mini –uno de los lotes bajo sospecha, y que será eje de la ampliación de denuncia que prepara la querella- mientras la abogada que litigó y perdió esa posesión por Fiscalía de Estado fue la senadora Marina Riofrío. No fueron cargos de peso que al menos sugieran alguna irregularidad, pero sirvió para pronunciar nombres de dirigentes allegados, aunque no sea el caso de César Gioja.

-No pagar los juicios
Tanto públicamente Graffigna como su entorno en off sostuvieron que la megacausa es una pantalla para no pagar los juicios pendientes, que son mucho más cuantiosos en dinero que los que ya se pagaron.
Es cierto que esos procesos están congelados y por lo tanto no se pagan por una medida cautelar presentada por el gobierno. El abogado querellante Rubén Pontoriero, a quien Graffigna acusó de ser el “inventor” de la causa, respondió que esa cautelar no fue apelada por Graffigna.

-El caso “Ruiz, Guillermo”
Es la ya famosa vereda en Matías Zaballa y San José por la cual se le pagaron a Graffina unos $25 millones entre capital e intereses, luego de que Ruiz, Guillermo comprara a la Sociedad San Vicente dePaul –dueña del lote- los derechos por expropiación en $2.000.
Lo más jugoso de este punto fue que Graffigna admitió ante Tiempo de San Juan que el juicio no era de “Ruiz, Guillermo”, sino que era suyo. Y ese hecho genera nuevos interrogantes: ¿cuándo le compró el juicio a Ruiz, que era su cliente, pero luego dejó de serlo en este proceso?, ¿dónde declaró ese cambio, en una causa que se inició con la carátula de “Ruiz, Guillermo”?
Los abogados querellantes buscarán seguramente probar que Ruiz, Guillermo era de Graffigna con la idea de avalar su presunción de que sabían desde un principio cómo terminaría el caso con un pago millonario, y que fue armado el caso de antemano con un testaferro como “Ruiz, Guillermo”. Por eso se trata de una declaración clave.

-Cuesta del Viento
Son los juicios por la expopiación de los terrenos que luego serían ocupados por el dique en Iglesia. Allí se expropiaron los terrenos, no se notificó a nadie y años después aparecieron los juicios, muchos de ellos motorizados por Graffigna. Se investiga la diferencia de criterios en la tasación de los terrenos, beneficiando a los que tenían por apoderado a Graffigna.
Para eso, es muy importante la fecha de desposesión, que es el momento en que se deben tasar los bienes expropiados, de acuerdo con el Código de Normas, Métodos y Procedimientos Valuatorios del Tribunal de Tasaciones y al artículo 20 de la ley general de expropiaciones.
El criterio es lógico. La tasación debe realizarse al momento de la desposesión para no tener en cuenta lo que se puede encarecer por la obra pública o por las mejoras que se le pueden realizar con posterioridad.
Graffigna argumentó en la entrevista con Tiempo de San Juan que ese es un criterio que no corre porque la tasación se debe hacer lo más cerca de la sentencia, según criterio de la Corte y de la ley Martínez Raymonda. Y que si hubo diferencias, el criterio equivocado fue en los casos en los que se pagó menos, que no eran los casos que llevaba él.
Los expedientes de las tasaciones lo contradicen. Porque sostienen los peritos que la tasación debe hacerse como ordena el código y la ley –al momento de la desposesión- y en los casos en que se hacen tasaciones con fecha posterior, se las realiza así porque el acta de desposesión no está. Es decir, se robaron las actas o desaparecieron, pero la tasación señala que se tasó a fecha posterior por falta de acta y no por criterio de la corte o ley Martínez Raymonda.
La diferencia entre una tasación en 1994 o una en 2006 es que entre esos 8 años en inmueble se encareció y a esa suma debe computar luego intereses al año 1985, cuando se emitió el decreto. No es lo mismo computar intereses a 10 que a 20, se entiende.

-Baistrocchi y Alday

Santiago Graffigna se negó a hablar de su relación con ambos abogados: Horacio Alday, un ex socio suyo, y Norberto Baistrocchi.
Con Alday se separó en 1998, pero luego siguieron vinculados por los juicios en común. Y esa relación es importante para conocer la línea de responsabilidades: si siguieron siendo socios, la responsabilidad en presuntas irregularidades en esos juicios son para los dos, caso contrario si se desvincularon efectivamente.
Incluso, hay una cesión firmada por Graffigna con el abogado Raúl Alonso –letrado de Alday- en la que le entrega el 25% de lo que quedaba cobrar en 2009 por “Ruiz, Guillermo” y ceden otro 25% al Estado. Luego Alonso admitió que la cesión era para Alday, por el pago de los juicios que ambos tenían en común. ¿Por qué lo hicieron así? Alonso dijo que Graffigna lo quiso hacer por medio de un tercero. Graffigna dijo que hizo uso de su capital y no tiene porqué ventilarlo, es decir, ni confirmó ni rechazó lo que dijo Alday por medio de su abogado.
Pero luego, Graffigna apeló a los gestos y la sugerencia. Fue cuando recordó que Alday siguió cobrando por los juicios en común, muchos de ellos los de Cuesta del Viento.
-¿Y eso cómo se encuadra?, se le preguntó.
-Encuádrelo usted, dijo, a media sonrisa.
Respecto de Baistrocchi, el abogado cesanteado de Fiscalía de Estado por no defender a la provincia en estos juicios de expropiación bajo sospecha, Graffigna se negó a hacer comentarios sobre su desempeño.
Lo que denuncia la querella es que se investigue si hubo connivencia entre Graffigna y Baistrocchi, uno avanzando con las causas de expropiación y otro haciendo la vista gorda. Cuando se le preguntó puntualmente sobre la conducta de Baistrocchi, Graffigna se limitó a involucrar a otros abogados o funcionarios a los que no nombró. “Tendría que hablar de otros también. ¿Quiénes? En su momento lo va a saber”.

-Forum shopping
Es una figura con la que se define al querellante que mediante un artilugio selecciona un juez que a priori ya sabe que emitirá un fallo a su favor. La ampliación de denuncia por la megacausa –que se presentará la semana que viene- hará esa relación, según anticipó Tiempo de San Juan, en el caso Carbajal. Es un terreno que se subdividió en tres fracciones y cayeron a tres juzgados distintos para ser expropiados, luego se perdieron los tres, y fueron reconstruidos en uno sólo, sin resolución al respecto, en el Primer Juzgado Civil a cargo de Rosalba Marún, quien ordenó el pago de los tres terrenos.
Graffigna sostuvo que no hubo reconstrucción porque él contestó demanda en el caso Carbajal (luego Mini, la posesión veinteañal tramitada por César Gioja) por las tres fracciones –por un total de 10 hectáreas- según el plano de mensura que adjuntó.
En Tribunales sostienen que el expediente original extraviado en el juzgado de Marún fue encontrado y allí dice que la demanda es por 2,9 ha de la primera fracción. Y que en la reconstrucción que hizo la jueza hay sellos de los juzgados Cuarto y Séptimo, donde estaban las otras dos carpetas que se extraviaron. Eso se sabrá la semana entrante, cuando ingrese la ampliación de demanda.

Del Bono y “Ruiz, Guillermo” a declarar
Será la entrante una semana clave. Además de la presentación de la ampliación de denuncia, la jueza María Inés Rosellot llamó a declarar a Carmen Arévalo de Del Bono, la mujer que firmó en nombre de la Sociedad San Vicente de Paul la cesión en $2.000 a Guillermo Ruiz de los derechos por la vereda de Matías Zaballa y San José cuya expropiación costó al Estado $25 millones. La misma sociedad cedió el terreno en otra causa investigada, Suraty c/ IPV.
La mujer fue citada para el lunes, mientras que para el jueves está convocado a declarar el propio Guillermo Ruiz, a quien Graffigna definió como su cliente y es un testimonio clave porque sobre él pesan muchos interrogantes. Vive en Tucumán o Santiago del Estero. ¿Vendrá?

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