Pulseada nacional

La pelea millonaria de la CGT complica a las obras sociales

Los gremios locales deben afrontar los costos de las prestaciones médicas especiales y peregrinar por reintegros. San Juan espera una porción de los 15 millones de dólares que reclama Hugo Moyano y cuestiona la Casa Rosada. Cómo es el mapa de afiliados en la provincia. Por Daniel Tejada.
lunes, 02 de abril de 2012 · 08:26

El botín de la guerra entre el líder de la CGT, Hugo Moyano, y la Casa Rosada se cuenta por millones y gira en torno a las obras sociales sindicales: de un lado aseguran que hay demoras inexcusables del Fondo de Redistribución y la Administración de Prestaciones Especiales (APE) por unos 15 millones de dólares. Del otro lado, sostienen que hay que revisar en profundidad ese volumen porque una auditoría arrojó serias irregularidades en perjuicio del Estado, con troqueles falsos y beneficiarios fallecidos. En el medio están las obras sociales sindicales que actúan en San Juan, que suman decenas de miles de afiliados y esperan oxígeno financiero.

Fue tema de discusión en la última reunión de tablas de la CGT de Avenida España, según coincidieron las fuentes consultadas por Tiempo de San Juan. También señalaron que el gremio más importante en este aspecto es Sindicato Empleados de Comercio (SEC), que conducen Armando Cavalieri a nivel nacional y Raúl Ávila en la provincia. Del volumen total reclamado al Fondo de Redistribución y la APE, entre el 40 y el 50% correspondería a ese sector.

Así lo dijo el secretario general de STOTAC, Enrique Castro, uno de los más preocupados por el asunto. De los líderes sindicales consultados, sólo el camionero se atrevió a arrojar una estimación del dinero que le correspondería a su filial en San Juan: entre 100.000  y 120.000 dólares (más de 500.000 pesos), teniendo en cuenta su cantidad de beneficiarios directos e indirectos, que ronda las 7.000 personas.

Pero la obra social sindical de los camioneros no es la más importante en número de afiliados, sino OSECAC, que pertenece al SEC. “Comercio nos triplica el monto a percibir en San Juan. El dinero va según la cantidad de afiliados”, sostuvo Castro.

El propio Ávila reconoció que en San Juan tienen alrededor de 30.000 beneficiarios directos e indirectos. OSECAC es un verdadero gigante que a nivel nacional reclama una deuda de unos 180 millones de pesos, según afirmó el líder gremial, diputado provincial del Frente para la Victoria. Pero no dijo cuánto de ese dinero le correspondería a San Juan. Aseguró que no cuenta siquiera con una estimación.

Dos partes

Según Ávila, la deuda del Estado Nacional con las obras sociales sindicales incluye los reintegros de la APE, por tratamientos especiales, pero también el Fondo de Redistribución que se nutre del 10% del total recaudado cada mes por aportes y contribuciones (el 9% de cada salario, donde el trabajador pone el 3% y el empleador completa con el 6% restante). Esta recaudación, vía AFIP, termina en ANSES, que se ocupa luego de hacer el reparto en las distintas obras sociales sindicales de acuerdo a la cantidad de afiliados directos e indirectos.

Con el auge minero, la obra social de la UOCRA alcanzó unos 10.000 beneficiarios, según el secretario general del gremio, Eduardo Cabello; y la UOM unos 4.500, según informó el metalúrgico Julio Figueroa. Ninguno de los dos arriesgó un cálculo sobre el dinero que podrían recibir si la APE saldara la deuda de un día para el otro.

Los problemas son comunes. Por ley las obras sociales sindicales están obligadas a brindar cobertura al 100% en caso de prestaciones especiales como trasplante de órganos, pero con el compromiso del Estado Nacional de hacer el reintegro a posteriori. En la práctica esta devolución demora por lo menos un año.

“Es un tema nacional. Nos perjudica tanto acá como en cualquier obra social del país”, advirtió Cabello. Afirmó que el dinero demorado permitiría avanzar con el proyecto del Centro Médico de Atención Primaria (CEMAP), una clínica de consultorios externos postergada hace 4 años, que pretenden construir frente a la sede gremial.

“Nosotros damos prestaciones especiales y los reintegros llegan después de un año que se hizo la operación, o más. Estamos complicados, porque además hay empresas privadas que tampoco nos están pagando al día”, explicó Figueroa.

Si las obras sociales sindicales llegaran a retacear cobertura para estas prácticas especiales, con la justificación de la demora estatal, lloverían los recursos de amparo. De hecho, ya ocurrió en alguna oportunidad, según dijeron los sindicalistas a este medio. La Justicia obligó al gremio en cuestión sin margen de dilación.

“A veces tenemos recursos de amparo que presentan los afiliados. La obra social tiene que pagar sí o sí. Pero para juntarse con el reintegro: sangre, sudor y lágrimas. Y por el Programa Médico Obligatorio tenemos que brindar una cobertura del 100%, mientras que la Obra Social Provincia solamente el 70% y el resto lo cubren los coseguros sindicales”, protestó Ávila.
“La presidenta entregó 250 millones a cuenta, de los cuales 38 millones fueron a OSECAC y con eso se pagó a prestadores, pero no alcanzó para aumentar aranceles”, agregó el dirigente mercantil.

Quejas contra la OSP

Por lo bajo, en las reuniones de tablas de la CGT empieza a sonar recurrentemente la queja contra la Obra Social Provincia, porque pone pisos de negociación de aranceles con los colegios profesionales muy altos para las demás obras sociales sindicales.

La OSP tiene unos 120.000 afiliados y un manejo de recursos que le permite mejorar paulatinamente los pagos a las distintas prestaciones, con montos que luego se toman como parámetro para negociar con el resto de las instituciones sindicales.

“Nos está matando”, resumió un encumbrado dirigente gremial con reserva de identidad. La intención es no salir a confrontar, pero el malestar sigue en aumento.

¿Un agujero negro?

Esta semana la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe de auditoría que reveló serias irregularidades en la Administración de Programas Especiales (APE) y lo puso a disposición de la Justicia para que inicie la investigación correspondiente.

Según publicó el diario La Nación, entre las irregularidades figura la falta de rendición y recupero de casi 700 millones de pesos que la APE le debe a las obras sociales, más de 2 millones de pesos de gastos en prestaciones a beneficiarios que habían fallecido, troqueles de medicamentos falsos y pagos a prestadores no inscriptos en ningún registro.


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