Dos comerciantes fueron condenados a tres años de prisión en suspenso por una impresionante estafa de 274 millones de pesos contra una conocida firma local de venta de materiales eléctricos. La maniobra consistía en comprar números artículos y, al momento de retirarlos en el depósito, los cambiaban por productos de un valor mucho más caro. En la trama estaba implicado un encargado del negocio, que continuará detenido, y otro empleado que se encuentra prófugo. También los dos comerciantes que este viernes aceptaron su culpabilidad en un juicio abreviado y recibieron penas de cumplimiento condicional.
La millonaria estafa fue denunciada el 2 de septiembre último después de que los directivos de la empresa Trielec detectaron el desfalco y descubrieron que las maniobras fraudulentas se cometían desde junio de 2022. En un balance interno comprobaron que faltaba mercadería del depósito por un monto de más de 274 millones de pesos y no coincidía con el registro de los productos facturados.
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De izquierda a derecha. Los abogados defensores José Beltrán, César Jofré y Gastón Garrido. En la otra mesa, el fiscal Eduardo Gallastegui y el ayudante fiscal Federico Pereyra, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
Esto fue constatado a partir de las pruebas iniciales que recolectaron el fiscal Eduardo Gallastegui y el ayudante fiscal Federico Pereyra, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Uno de los principales implicados era José Luis Moyano, encargado del depósito de la firma en calle 9 de Julio, Capital, y otro empleado de apellido Cornejo, quien actualmente se encuentra prófugo. También estaban involucrados los comerciantes Enrique Rafael Puig y Marcelo Francisco López Recabarren, que realizaban compras por un monto menor y retiraban productos por cifras millonarias, según establecieron los investigadores policiales.
La maniobra consistía, por ejemplo, comprar 200 punteras o 200 terminales eléctricas por un valor de 140 mil pesos y se llevaban materiales por un monto de 10 a 14 millones de pesos. Lo hicieron muchas veces durante dos años, eso explica de por qué el perjuicio ascendió a los 274 millones, según precisaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Lo que establecieron los investigadores policiales y judiciales fue que Enrique Puig y Marcelo López Recabarren -cada uno por su parte- elegían la mercadería, la pagaban en caja y obtenían el ticket de compra y el remito para retirarla en el depósito.
Ahí, supuestamente, entraba en acción José Luis Moyano, explicaron fuentes del caso. El encargado del depósito recibía los tickets y los remitos, pero a la vez ingresaba al sistema informático y modificaba los códigos de los productos vendidos inicialmente. De esa forma alteraba el registro de la mercadería pagada por Puig y López Recabarren en los registros, los reemplazaba por otros códigos y éstos clientes se llevaban materiales eléctricos por cifras millonarias. El encargado contaba con la complicidad del empleado de apellido Cornejo, que sabía y colaboraba con la maniobra, revelaron los investigadores.
Moyano, Puig y López Recabarren cayeron detenidos el jueves último. Durante los allanamientos en sus domicilios, la Policía secuestró numerosos materiales eléctricos “comprados” en Trielec.
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La magistrada. La jueza de garantías Mónica Lucero presidió la audiencia y dictó las dos condenas.
Los dos comerciantes y el encargado de la firma comercial fueron llevados este viernes ante la jueza de garantías Mónica Lucero y la fiscalía les imputó el delito de estafa. En el caso de Puig y López Recabarren, por concejo de los abogados defensores José Beltrán y César Jofré, propusieron firmar el juicio abreviado con tal de recibir una pena excarcelable.
El Ministerio Público Fiscal estuvo de acuerdo. Fue así que aceptaron su responsabilidad en la millonaria maniobra delictiva y la magistrada los condenó a la pena de 3 años de prisión en suspenso.
Distinta es la situación de José Luis Moyano, que es defendido por el abogado Gastón Garrido. El encargado de depósito no admitió su culpabilidad y afrontará el proceso en su contra. La jueza Lucero le dictó la prisión preventiva por 1 mes y habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de 1 año. Además, dispuso que se mantenga vigente la orden de captura contra Cornejo, el empleado prófugo.
