El abogado Emanuel Aguilar Zevallos, conocido en redes sociales como el “abogado fit”, difundió un descargo público tras las versiones que lo señalan por haber violado una orden perimetral y amenazado a su expareja, causa por la que aún no fue formalmente imputado debido a una explosiva audiencia en Tribunales, en la que recusó no sólo el juez sino también al fiscal del caso.
En un extenso comunicado, Aguilar Zevallos expresó que atraviesa “una situación extremadamente dolorosa” desde hace más de un año y medio, debido a que no puede mantener un vínculo normal con su hija, y aseguró que las recientes publicaciones “no son casuales”.
“Forma parte de un patrón de acciones y denuncias infundadas cuyo único objetivo es desprestigiarme y destruir mi imagen personal y profesional, utilizando el sistema judicial como herramienta de presión. No es la primera vez que lo hacen”, manifestó el letrado.
El abogado también apuntó contra “un exfuncionario público condenado penalmente”, a quien vinculó con las maniobras judiciales que -según él- buscan perjudicarlo. “Su intervención es conocida en el foro local y ha tenido participación en mis conflictos judiciales previos”, sostuvo sin dar nombres.
Aguilar Zevallos afirmó que no discutirá el caso “en los medios” y que su defensa técnica la realizará en la Justicia, aunque dijo sentirse obligado a ejercer también una defensa pública, al considerar que su situación “toca un problema social profundo y silencioso”.
“La obstrucción del vínculo entre un padre o una madre y sus hijos es violencia. Destruye infancias, destruye familias y destruye personas. Se usa el sistema de denuncias como un arma, y cuando eso pasa, se banaliza la verdadera violencia”, expresó quien cuestionó la intervención del juez Javier Figuerola y del fiscal Roberto Ginsberg.
El abogado pidió que el proceso judicial sea “transparente y con todas las garantías del debido proceso”, y cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes le manifestaron apoyo: “No pido privilegios. Solo pido justicia y verdad. Estoy de pie, y voy a seguir luchando, no por mí, sino por mis hijas y por todos los padres y madres que están atravesando lo mismo y sienten que no tienen voz. La verdad siempre sale a la luz.”
La difusión del descargo se da luego de que trascendiera que la UFI CAVIG, a cargo del fiscal Ginsberg, pretende imputarlo por desobediencia a una orden judicial y amenazas simples en perjuicio de su expareja.
La audiencia de formalización, que debía realizarse este viernes, se postergó luego de una serie de planteos del defensor oficial Martín García, quien pidió la recusación del juez Figuerola, por presunta relación previa con el acusado, y luego la del fiscal del caso. En el proceso también se opuso a la presencia de los medios de comunicación, pese a que las audiencias son públicas. Consultado por ello, luego explicaría que lo hizo para proteger al menor implicado en la situación. No obstante, se le aclaró sobre los protocolos periodísticos al cubrir este tipo de casos.
Tras más de dos horas de idas y vueltas, el trámite fue suspendido y se reprogramó para el miércoles 12 de noviembre, cuando el tribunal deberá resolver las recusaciones antes de definir si se lleva adelante la formalización.
El caso mantiene en el centro de la escena al polémico letrado, que ya había sido noticia meses atrás por solicitar la destitución del juez de Menores Jorge Toro, y que en redes sociales se presenta como “abogado y entrenador para abogados fit”.
Los argumentos de la recusación
El abogado recusante solicita apartar al Fiscal Roberto Ginsberg y al Juez de Garantías Javier Figuerola de la causa, alegando falta de objetividad e imparcialidad, en violación del debido proceso y el derecho de defensa, con fundamento en normas constitucionales, convencionales y procesales
La defensa sostiene que la recusación es oportuna, ya que los hechos que motivan el pedido fueron conocidos después de la notificación de la audiencia de formalización (4 de noviembre de 2025).
El planteo se realiza en el primer acto hábil posterior a la toma de conocimiento, conforme al artículo 100 del CPP, que establece un plazo de tres días para formular recusaciones desde que se conoce la causal.
Contra el fiscal Roberto Ginsberg
Se lo acusa de pérdida de objetividad y sesgo ideológico en causas relacionadas con padres denunciantes por impedimento de contacto con sus hijos, actuando con prejuicios de género y decisiones arbitrarias.
La defensa detalla tres antecedentes:
Caso “M... s/ impedimento de contacto” (2024):
Ginsberg intervino irregularmente en una causa que no le correspondía.
Archivó denuncias por obstrucción del vínculo paterno-filial sin fundamento y con afirmaciones falsas (“M... era víctima de violencia verbal y psicológica”).
No notificó el archivo, impidiendo la revisión.
Caso “Cáceres s/ desobediencia e impedimento de contacto” (2023):
Como fiscal de revisión, dictaminó el sobreseimiento pese a abundante prueba y al impulso de la fiscal original.
Aplicó criterios opuestos a los que ahora utiliza contra el recusante, evidenciando “doble vara” y falta de coherencia funcional.
Antecedente público (2022):
Fue denunciado por otro ciudadano, Molinario, por desestimar denuncias similares de impedimento de contacto, lo que fue difundido por medios locales.
Actual causa (2025):
Se cuestiona que, pese a su actuación anterior y conflictiva con las mismas partes, vuelva a ser designado fiscal del caso, comprometiendo la apariencia de objetividad.
Contra el juez de Garantías Javier Figuerola
La defensa plantea vínculos políticos e institucionales previos entre el juez y la denunciante L.M:
Afinidad política e institucional:
Ambos integraron la agrupación “Abogados Justicialistas del Foro de Abogados” y trabajaron simultáneamente en el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, lo que generaría proximidad y afinidad política.
Intervención previa del mismo juez (2022):
El Dr. Figuerola ya había intervenido en una denuncia anterior de M... que fue archivada.
La reiteración de coincidencias con los mismos protagonistas erosiona la confianza en su neutralidad.