La política habitacional en San Juan está en medio de una transformación estructural que no solo se da en los despachos oficiales, sino que tiene eco en la opinión pública. Según un reciente relevamiento de TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores, hay consenso mayoritario respecto al agotamiento del modelo de los "megabarrios". Las cifras son elocuentes: aproximadamente el 81,5% de los participantes manifestaron que la reducción en la escala de los complejos habitacionales traerá beneficios directos para los adjudicatarios, validando la premisa de la actual gestión del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Esta nueva dirección, que develó la directora del organismo, Elina Peralta, a TIEMPO DE SAN JUAN, marca un quiebre con las estrategias aplicadas durante las últimas dos décadas. La funcionaria aseguró que los grandes conglomerados de mil viviendas no funcionan desde una perspectiva social, convirtiéndose a veces en focos de conflictividad y carencia de vínculos comunitarios. La historia reciente de la provincia respalda esta visión con ejemplos como el Barrio Valle Grande en Rawson, un gigante de cemento de 1.007 casas donde conviven más de 7.000 personas, o el complejo Sierras de Marquesado en Rivadavia, proyectos que representaron una etapa enfocada en la cantidad y la erradicación masiva de asentamientos.
Al desglosar los resultados del sondeo, la razón que más peso tiene para los sanjuaninos es la seguridad, concentrando el 34,2% de las preferencias con 1.559 votos. El argumento es que en un entorno de apenas 50 casas, resulta considerablemente más sencillo identificar quién pertenece a la comunidad y quién es un ajeno al barrio, lo que genera una red de vigilancia natural entre vecinos que se diluye en las "mini ciudades" de miles de habitantes como las creadas en el pasado reciente provincial.
En segundo orden de importancia, el 26,3% de los encuestados, equivalente a 1.196 voluntades, señaló que la "mejor convivencia" es el principal beneficio de los barrios pequeños. Este dato se alinea con el diagnóstico de Peralta, quien sostiene que el aglomeramiento masivo impide la formación de uniones vecinales sólidas, las cuales son el motor indispensable para que un barrio progrese y gestione sus propias mejoras a lo largo del tiempo. La experiencia en los municipios ha demostrado que los barrios que cuentan con una organización vecinal activa son los que logran un desarrollo sostenido, algo que se vuelve casi imposible de coordinar cuando la escala del complejo es desmesurada, según destacó la funcionaria.
El "cuidado del entorno" y el mantenimiento de los espacios comunes, como plazas y veredas, es el tercer factor destacado por el 21% de los participantes (957 votos). La lógica del ciudadano coincide con la planificación estratégica actual: un barrio más chico permite una apropiación más efectiva del espacio público, evitando que la infraestructura se degrade rápidamente por el uso intensivo y la falta de sentido de pertenencia que suelen generar los núcleos habitacionales independientes y aislados.
Por otro lado, un sector minoritario del 18,5%, representado por 842 votos, se mostró escéptico ante este cambio, manifestando que no ve beneficios sustanciales y que los problemas sociales y de infraestructura ocurrirán independientemente del tamaño del barrio. Sin embargo, la gestión orreguista insiste en que los errores de planificación previos han saturado incluso los servicios básicos de las zonas circundantes, citando problemas de baja presión de agua en áreas donde la instalación de barrios masivos no contempló la capacidad de las redes existentes.
El contexto político también juega un rol fundamental en este análisis. El modelo anterior, propio de las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac, priorizó las erradicaciones de villas para trasladar familias completas a megabarrios, un sistema que, según la actual administración de Marcelo Orrego, fomentó usurpaciones de terrenos por parte de personas que buscaban obligar al Estado a otorgarles una vivienda de forma inmediata. Ante esto, el IPV decidió retomar el sorteo como la herramienta principal para garantizar la equidad, premiando a quienes cumplen con la ley y esperan su turno en igualdad de condiciones.
Hacia el futuro, el desafío es tanto social como financiero, según remarcó Peralta. Con la quita del financiamiento nacional que antes cubría el 70% de los ingresos del organismo, el IPV depende ahora exclusivamente de los fondos provinciales para hacer unos 30 barrios que tiene proyectados. Esta realidad obliga a una agenda más flexible y acotada, donde la meta para los próximos años es activar proyectos que no superen las 50 viviendas, buscando no solo eficiencia económica, sino fundamentalmente mejorar la calidad de vida a través de una urbanización planificada que evite la creación de nuevos "gigantes de cemento" desvinculados de la trama urbana.
