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SUSCRIBITETras ser extraditado, el hombre que estuvo prófugo casi siete años fue indagado y el marco en donde se desarrolló el proceso generó suspicacias, puesto que la audiencia fue sin acceso a la prensa. La pregunta que algunos se hacen y la respuesta de fuentes ligadas al caso.
Después de haber sido denunciado por el abuso sexual de una menor y de escaparse de la provincia, permaneciendo cerca de siete años prófugo, el empresario Julio Calivar fue extraditado y, una vez en suelo sanjuanino, fue llevado frente a la jueza que investiga el caso para ser indagado. Más allá del avance significativo para el caso, lo que llamó la atención fue el contexto en el que se desarrolló el proceso, pues la prensa no tuvo acceso.
A diferencia de otros sospechosos que son investigados por el mismo delito, el ex propietario de Full Time Motos no fue llevado a una sala de audiencias común, en donde periodistas y fotógrafos sí pueden cubrir las audiencias sin problemas (en general), sino que estuvo en otro sector, con espacio más acotado y sin cámaras que pudieran registrar el momento.
Frente a la pregunta sobre si ello habría significado un trato preferencial, fuentes de Tribunales manifestaron que, como la causa se rige bajo el viejo sistema -Inquisitivo Mixto-, el mecanismo es diferente al Acusatorio, que propone audiencias públicas en la formalización de cada expediente. Por esa razón, Calivar se habría visto “beneficiado” al no quedar expuesto.
De todas formas, el contexto habría sido favorable para el hombre que fue atrapado por Interpol en Chile, si se lo compara con otros detenidos bajo el antiguo sistema. Basta con revisar los archivos o hacer memoria para decir que otros presos que eran indagados no podían eludir el asedio de la prensa. De los calabozos que están en el subsuelo de Tribunales, los sujetos eran trasladados y custodiados por la Policía hasta el primer piso donde se hallaban la mayoría de los juzgados. En ese recorrido, solían ser fotografiados.
No obstante, Calivar habría corrido con mayor suerte y, por tanto, de la alcaidía habría pasado directo a las pequeñas salas de audiencia, donde suelen llevarse adelante los procesos que pertenecen la Unidad Conclusiva de Causas.
Lo curioso fue que a la prensa que intentó cubrir desde adentro lo que sucedía, personal policial le habría asegurado que la jueza María Gema Guerrero no permitía su presencia. Sin embargo, fuentes cercanas desmintieron esta versión, ya que la magistrada se encontraba dirigiendo la indagatoria vía Zoom y sin conocimiento de lo que acontecía alrededor.
Lo cierto es que, bajo el argumento de un sistema diferencial, el hombre que quedó con prisión preventiva no pudo ser observado como el resto. Quizás, en caso de llegar a un juicio, ese podría ser el momento de quedar expuesto, tal como le sucedió al joven señalado como el “amante” de Brenda Requena, José Miguel Guajardo, que fue juzgado en una de esas salas y, finalmente, fue castigado por omisión de auxilio.
En esa oportunidad, todos tuvieron acceso a la cobertura del hecho, a pesar de que fuera del antiguo sistema, y pudieron ser testigos de la condena para quien no salvó a la víctima del ataque del femicida.
La causa se remonta a mayo de 2019, cuando el empresario fue denunciado en el Quinto Juzgado de Instrucción por el presunto abuso de una niña de 12 años, hija de una familia amiga. En aquel entonces, el sospechoso de 65 años se dio a la fuga antes de que se ejecutara a el allanamiento en su domicilio de Capital. Acorde trascendió, había cruzado hacia Chile por el paso Cristo Redentor el mismo día en que se ordenó su captura.
Desde ese entonces se hallaba prófugo de la Justicia y fue recién en diciembre del año pasado cuando fue capturado por las autoridades trasandinas. Durante su ausencia, otras denuncias por abuso se radicaron en su contra y, por ello, deberá afrontar más sospechas.
Tras resultar indagado, quedó con prisión preventiva y se estima que en las próximas semanas haya novedades con una ampliación de indagatoria, con la asistencia y defensa técnica de Josela Echegaray y el ex funcionario judicial, Juan Pablo Ortega.