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Polémica

Tras la catarata de inhibiciones, el caso de Lucía Rubiño ¿exhibe la denominada 'familia judicial'?

La causa llegó al Tribunal de Impugnación, pero aún no pudo avanzar porque varios jueces se excusaron para no intervenir por diversas razones, entre ellas, los vínculos afectivos con las partes involucradas en el proceso.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Después de que la justicia dictara el sobreseimiento en favor de Juan Pablo Echegaray, en la causa que investiga la muerte de Lucía Rubiño, y luego de que la familia de la víctima apelara el fallo, la causa pasó al Tribunal de Impugnación. Sin embargo, hasta el momento no avanzó ya que ninguno de los jueces que fueron sorteados pudo hacerse cargo de la misma, puesto que se inhibieron y, varios de ellos, lo hicieron por mantener un vínculo afectivo con las partes.

Ese detalle llamó la atención y, más que en los pasillos, fue en los cafés de los alrededores de Tribunales donde resonó el término de "familia judicial", utilizado para hacer referencia a los lazos que existen entre los propios funcionarios judiciales. Es que si bien las inhibiciones son un acto de imparcialidad que brinda seguridad jurídica, los motivos por los que se registraron dieron de qué hablar.

El primero en resultar elegido por el azar para analizar si el fallo del juez Javier Figuerola estuvo acorde a las circunstancias, es decir, si estuvo bien que desvinculara al hijo del juez federal, fue Daniel Guillén. No obstante, se inhibió porque ya había participado del proceso cuando integró el Tribunal de Impugnación en la causa contra el menor procesado en la Justicia de Menores.

En aquel momento, Guillén sostuvo que ya había emitido opinión frente al planteo que había realizado Nasser Uzair, frente al procesamiento que dictó la jueza María Julia Camus; algo que está previsto dentro de las causales de inhibición que establece el Código Procesal. Por esa razón, se volvió a sortear la causa y le tocó al juez Maximiliano Blejman, aunque también evitó participar.

Acorde manifestaron fuentes cercanas, el magistrado se inhibió porque es vecino del barrio donde ocurrió la tragedia y, en la noche del hecho, tuvo participación activa en el suceso. Incluso, las fuentes indicaron que fue uno de los adultos que contuvo a los amigos de Lucía, momentos después del siniestro fatal.

Luego, habría participado de la reunión que mantuvieron los vecinos con la jueza Camus. Al ser un "afectado", decidió dar un paso al costado respaldado por las leyes, dado que su opinión podría verse afectada. Y, al mismo tiempo, sostuvo su amistad con el juez Octavio Caballero, como fundamento de su excusación, dado que es el padre de las hijas de Claudia Grynszpan, una de ellas testigo en la causa y amiga de Lucía.

Ahora bien, los casos de los jueces Juan Carlos Caballero Vidal y Benedicto Correa serían aquellos que respaldan los comentarios sobre los famosos vínculos. Las fuentes señalaron que los magistrados, que fueron los siguientes sorteados, tienen hijas que eran amigas de Lucía. El dato que trascendió es que, incluso, la hija del primero de las autoridades mencionadas declaró como testigo en la causa. Ambos tenían opinión formada al respecto, dado los conocimientos que adquirieron por sus propias hijas y, por ello, desestimaron su intervención.

Quien más tarde resultó sorteada, Ana Lía Larrea, también tomó el mismo camino que sus colegas e integrantes del Colegio de Jueces. A diferencia de los dos anteriores, la jueza manifestó que, del mismo modo que Guillén, participó como miembro de la Cámara de Apelaciones en el marco del recurso interpuesto por la defensa del menor acusado por homicidio simple con dolo eventual.

Lo cierto es que de los jueces que restan y que podrían ser electos, según las fuentes, más de uno debería eludir la causa por mantener vínculos sociales y familiares que podría comprometerlos. Por el momento, los jueces vigentes son Eduardo Raed, Renato Roca, Martín Heredia Zaldo y Silvina Rosso de Balanza. Cada uno de ellos, acorde la información que circula, tendría motivos para inhibirse por las relaciones afectivas, a excepción de Heredia Zaldo que supuestamente no es amigo ni mantiene otro vínculo con las partes del caso Rubiño.

En el caso de Roca, quien habría sido el último sorteado en las últimas horas (ello no pudo ser confirmado), las fuentes destacaron su amistad con el fiscal Iván Grassi, es decir, el representante del Ministerio Público que pidió el sobreseimiento de Echegaray. Su aceptación del caso podría generar suspicacias y por tanto se estoma que también se inhibiría.

Por otro lado, se sabe que Raed es cuñado del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien a su vez mantendría una relación cercana con el padre del imputado, el juez federal Hugo Echegaray. Esas conexiones también harían sospechar sobre la imparcialidad de los actores, en caso de que optara por tomar las riendas de la causa. Mientras que la jueza Rosso de Balanza, esposa de Carlos Balanza, también tendría vínculos familiares con Echegaray. Según las fuentes, su marido sería pariente de la madre del joven que por ahora permanece desvinculado del proceso.

Los apartamientos del proceso de todos los jueces estuvieron fundados en el artículo 96 del Código Procesal Penal, donde se hallan los fundamentos para eximirse de la obligación. La norma impone a los jueces el deber de excusarse cuando existiere alguna de las causales previstas en la normativa procesal, pues se trata de asegurar una conducta imparcial y objetiva de los magistrados, que haga insospechables sus decisiones en miras a una recta administración de justicia.

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