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SUSCRIBITEComo pocas veces se observa en Tribunales, una jueza de Garantías desestimó la formalización contra el secretario general de Sindicato de Conductores de Taxis San Juan, que estaría sospechado por defraudación. Qué dijo la defensa a su favor y cómo se gestó el inesperado desenlace.
Si bien estaba previsto que una investigación de presunta estafa con un gremialista en la mira se formalizara este miércoles por la tarde, el caso tomó un inesperado giro cuando la jueza de Garantías que intervino desestimó la acusación. Se trata de la causa que tiene bajo la lupa al secretario general de Sindicato de Conductores de Taxis San Juan, quien eludió -por el momento- el hecho de ser imputado por la fiscalía.
Es que estaba todo dado para que la causa por defraudación se formalizara contra Walter Ferreri. Sin embargo, la descripción de los hechos realizada por el fiscal Eduardo Gallastegui resultó cuestionada por la defensa y la magistrado le dio lugar al rechazo de la imputación. Según informaron fuentes allegadas, la plataforma fáctica ofrecida por el representante del Ministerio Público no habría sido del todo clara y, por tanto, la jueza Flavia Allende entendió que no había elementos suficientes para endilgar una acusación.
En consecuencia, la autoridad ordenó que se reunieran más elementos probatorios en los para formalizar y, por ello, otorgó 60 días de plazo para extender la investigación preliminar. Este tipo de resoluciones resultan poco frecuentes en los casos que se dirimen en Tribunales, por lo que llamó la atención de las partes.
Acorde manifestó la defensa del sindicalista, encarnada por Agustín Idemi y Federico González Viola, la imputación fue deficiente de modo que -con los hechos descriptos- no había manera de encuadrar su comportamiento en una figura típica penal. La exposición de los hechos y la presunción de la comisión del delito no se habría podido establecer, por lo que los abogados defensores pidieron saber cuál era la sospecha del ilícito y ello no habría podido ser precisado por el fiscal que deberá indagar más al respecto.
Según señaló Idemi, su patrocinado fue denunciado por ex afiliados a su sindicato que recibieron una casa del IPV y que dejaron de pagarle al gremio. Como los intimó a través de cartas documento, éstos adjudicatarios lo denunciaron en la justicia penal. "Se firmó un contrato, hubo entrega de viviendas gracias a la intervención del sindicato y, de un momento a otro, se desafiliaron y dejaron de pagar. Lo que no se entiende es por qué no se dirime en el fuero civil, si es una cuestión de contratos", argumentó.
Por ahora, Ferreri seguirá entre ceja y ceja de la fiscalía, mientras se desarrolle la investigación preliminar de los hechos denunciados.