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SUSCRIBITEViviana Giner fue acusada de no depositar los aportes previsionales de 12 trabajadores y de no presentar balances durante cinco años. Para evitar el juicio, deberá pagar más de $100 millones en 72 horas.
Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
La contadora Viviana Estela Giner deberá desembolsar 102 millones de pesos en concepto de reparación integral para evitar ser enviada a juicio por administración fraudulenta en perjuicio de la Unión Vecinal Villa El Salvador de Angaco. La cifra corresponde a una deuda original de 75 millones de pesos por aportes previsionales que no fueron depositados a 12 empleados, monto que se actualizó con intereses.
La medida se definió este lunes en una audiencia encabezada por la jueza de garantías Mabel Moya. Allí se estableció que Giner deberá pagar el total en un plazo de 72 horas. De no cumplir, la causa continuará su curso judicial.
El caso es investigado por el fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, quien trabaja junto a la ayudante fiscal Gabriela Blanco y la auxiliar Julieta Luluaga. La acusada arrastra denuncias por presuntas maniobras fraudulentas en la institución, entre ellas la falsificación de balances, desvío de fondos y el vaciamiento de las cuentas de la entidad barrial.
La situación se formalizó el 1 de julio pasado, cuando se le imputó a Giner el delito de administración fraudulenta. En ese momento, la jueza Moya dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria por el término de un año, además de un embargo e inhibición general de bienes contra la profesional.
De acuerdo con la pesquisa, la contadora estuvo al frente de los números de la Unión Vecinal hasta octubre del año pasado. La denuncia fue impulsada por la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas, que detectó irregularidades en los balances de los períodos 2020 a 2023. Las certificaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que acompañaban la documentación resultaron ser apócrifas, lo que disparó la investigación.
En esa misma fecha, la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas intervino la entidad vecinal para ordenar una situación que ya presentaba numerosos conflictos internos. En ese marco, se descubrieron deudas millonarias, incumplimientos en aportes a la ARCA (ex AFIP), falta de pago de ART y seguros, y una posible mala administración de los fondos recaudados por el servicio de agua potable que provee a unas 8.600 familias de Angaco.
Según los informes de los interventores, durante al menos cinco años la contadora no presentó balances oficiales de la institución. Además, la deuda con los empleados por aportes previsionales y cobertura social se fue incrementando hasta superar los 75 millones de pesos.
En julio, el fiscal Heredia había estimado el perjuicio en más de 80 millones de pesos, aunque desde la propia unión vecinal aseguraron que las pérdidas económicas podrían ser todavía mayores. Mientras tanto, Giner continúa en libertad, aunque la Justicia ya dispuso el embargo de su camioneta y de un inmueble de su propiedad.