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SUSCRIBITEEl fiscal de la causa imputó formalmente a la contadora Viviana Giner del presunto delito de administración fraudulenta. Es por un supuesto desvío de fondos y desmanejo de 80 millones en la unión vecina de Angaco.
Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Formalizaron la causa penal contra la contadora de la unión vecinal de Angaco y le atribuyeron el delito administración fraudulenta. Lo que en principio solo era una denuncia, ahora puede hundir a la profesional que está sospechada de fraguar firmas, desviar fondos y vaciar las cuentas de la entidad por un monto de más 80 millones de pesos. La jueza interviniente en la causa le dictó un embargo sobre sus bienes.
Viviana Estela Giner fue imputada este martes por el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, del delito de administración fraudulenta. La jueza de garantías Mabel Moya dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria contra la contadora por un plazo de 1 año y también ordenó el embargo e inhibición de sus bienes.
Hasta octubre del año pasado, Giner se desempeñaba como contadora de la Unión Vecinal Villa El Salvador de Angaco. La denuncia fue presentada por la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas tras detectar irregularidades en la documentación correspondiente a los balances de la entidad entre 2020 y 2023.
Es que las certificaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, incluidas en los balances, les generaron dudas. Después confirmaron que eran apócrifas, lo que motivó la denuncia inicial ante la UFI Genérica por presunta falsificación o adulteración de documentos contables.
Esa presentación se hizo en octubre de 2024, momento en que la Dirección de Inspección General de Personas también intervino la Unión Vecinal de Angaco con el objetivo de ordenar una situación institucional que presentaba numerosos conflictos. En las primeras etapas de la investigación, comenzaron a detectarse inconsistencias en los números, deudas por obligaciones impagas y la posible falta de fondos.
Estas nuevas evidencias llevaron a que el expediente pasara a manos del fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos. En conjunto con la brigada policial, comenzaron a examinar los informes emitidos por los interventores y se encontraron con otros elementos preocupantes.
Según revelaron fuentes judiciales, la institución llevaba cuatro años sin abonar la ART, los seguros y la cobertura de obra social del personal de la unión vecinal. Tampoco había cumplido con las obligaciones ante la ARCA (ex AFIP). También se observaron posibles manejos irregulares de los ingresos por el cobro del servicio de agua potable a unas 8.600 familias del departamento.
En la audiencia de este martes, el fiscal Heredia expuso que el perjuicio a la unión vecinal ascendería a los 80 millones de pesos por la deuda acumulada, aunque desde la entidad aseguraron que el daño económico es mayor. Mientras avanza la investigación, la contadora Viviana Giner continúa en libertad, pero la jueza ordenó el embargo de su camioneta y un inmueble de su propiedad.