Un juez sanjuanino fue recusado por un abogado defensor, luego de que asegurara que lo observó cuando hablaba de una causa en los pasillos de Tribunales y solamente con algunas de las partes involucradas. El letrado que realizó el planteo fue Martín Zuleta, quien cuestionó el accionar del magistrado Sergio López Martí y solicitó que fuera apartado de su caso.
Según indicó en su presentación, la que hizo en conjunto con Silvia García Gutiérrez, el juez de Garantías fue visto en el subsuelo ala norte del palacio de Justicia manteniendo una charla sobre el caso con el fiscal Alejandro Mattar -de la UFI Genérica- y el abogado querellante Roberto Juárez, sin la participación de la defensa.
Zuleta indicó que ello resultó perjudicial para sus patrocinados, ya que las garantías de imparcialidad y de defensa se habían visto afectadas a partir de esta conducta. Acorde manifestó, la ley de rito prohíbe expresamente que el juez mantenga conversaciones con las partes en ausencia de ellas de cualquiera de ellas y, por eso, pidió que López Martí fuera removido del proceso.
Como el intercambio entre las partes sucedió frente al personal policial y judicial de apoyo que cumple funciones en el lugar, ofreció recabar los testimonios como así también las grabaciones de las cámaras de seguridad que habrían captado ese momento. Además, se escudó en el artículo 96 del Código Procesal, que sostiene que es motivo de recusación el hecho de dar recomendaciones o emitir opiniones sobre la causa fuera del procedimiento.
"No existía motivo alguno para mantener una conversación sobre asuntos relativos a la causa que se ventila en pleno pasillo y teniendo a la defensa y a los imputados a escasos metros dentro de la sala de audiencia, por lo cual su conducta es inaceptable", destacó el defensor en su planteo en resguardo del debido proceso.
La causa en cuestión investiga la usurpación de una cada del IPV por parte de una pareja de apellido Ovando, la que fue denunciada por una mujer que -a priori- intenta recuperar el inmueble que le pertenece. Sin embargo, según señaló el defensor de los imputados, la denunciante no es la titular de la vivienda y la forma en que la habría adquirido habría sido ilegal. "Quieren sacarle la casa a un matrimonio que la compró, está bien, fuera de la ley, para dársela a otra persona que tampoco corresponde", afirmó.
Si bien el caso se formalizó, para el juez era necesario continuar las audiencias con el IPV también como parte querellante y no sólo la mujer que denunció el hecho. Fue por eso que el jueves último, cuando debía celebrar una nueva audiencia, al notar la ausencia de la Fiscalía de Estado, en representación del IPV, suspendió el procedimiento. Y fue a la salida de ese acto cuando se produjo el episodio cuestionado por Zuleta.
Ahora, el pedido de recusación que ingresó a la Oficina Judicial será recibido por el propio juez López Martí, quien deberá contestar de manera positiva o negativa. Si el magistrado comprende que el planteo es acertado, se apartaría de la causa y se designaría a otro colega para continuar en el proceso; caso contrario, la cuestión se dirimiría en el Tribunal de Impugnación.