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SUSCRIBITESi bien son tres los efectivos que están bajo sospecha, dos de ellos apuntaron contra el restante. Pese a sus impactantes declaraciones, la fiscalía no sólo sostuvo la acusación para todos, sino que le agravó la calificación. Así se mandaron al muere frente a la jueza Parra.
El caso data de agosto de 2024 y desde entonces viene siendo noticia. Sin embargo, este martes por la tarde, la investigación tuvo su momento de máxima tensión cuando dos de los tres acusados apuntaron contra el restante. Se trata de la causa de los policías de la Motorizada N° 2 de Rawson, sospechados de cometer apremios ilegales en perjuicio de un chico con discapacidad, quienes ahora afrontan una dura calificación.
El caso que es instruido por la UFI de Delitos Especiales, que supo tener detenidos a los cabos Diego Antonio Díaz Sanz y Leandro Emanuel Paredes y al Agente Fernando Antonio Aballay tras recibir prisión preventiva y ser imputados por apremios ilegales y lesiones graves, sumó un capítulo de novela en Tribunales.
Frente a la jueza Ana Carolina Parra, Paredes y Aballay aseveraron que el responsable de las lesiones de la presunta víctima fue Díaz, quien los presionó para que cambiaran las actas de los procedimientos y los amenazó para que no hablen. Avalado por su defensor, Juan Fonzalida, el primero que rompió el silencio fue Paredes. "El primero que llega y le da un puntapié en el rostro es Díaz", sostuvo.
El uniformado relató que su colega le dio un arma blanca y le aseguró que le pertenecía a la presunta víctima, a la que supuestamente habrían confundido con un ladrón. No obstante, más tarde trascendería que era un muchacho con retraso madurativo y que la bicicleta que creían que se había robado se la había ganado en un sorteo por el Día del Niño.
Contó que lo trasladaron del Barrio La Estación a un centro de salud para que lo atendieran puesto que no paraba de sangrar. Luego manifestó que Díaz lo llamaba para que modificara el acta de detención. "Me apuraba, me envolvió con sus mentiras. Me dijo que si yo no denunciaba al chico, iba a cometer otro delito. Me amenazó con que me iba a denunciar en fiscalía", declaró.
Por su parte, Aballay coincidió con el relato de su compañero y disparó hacia Díaz. "El que le pegó al chico fue Diego Díaz. Él me lo manifestó en dos oportunidades, que le había pegado una patada en la boca y que estaba raro, preocupado, porque una señora lo había visto", detalló. Respaldado por su defensor, Maximiliano Páez Delgado, confesó tener miedo por las represalias.
"Yo sinceramente no tengo nada que ver. Cuando yo llego al lugar (de la aprehensión), lo veo tirado en el piso. Lo único que hice fue colocarle las esposas. Ni siquiera tuve participación en esa aprehensión, porque cuando llegué, el chico ya estaba reducido, Díaz estaba encima", reveló.
A diferencia de las anteriores versiones, el apuntado -defendido por Reinaldo Bedini- ofreció una descripción de los hechos más extensa y negó rotundamente haber sido el agresor. Advirtió que un grupo de personas estaba intentado linchar al chico, puesto que en su huida se llevó por delante a un bebé que se hallaba en la vereda. Para el sospechoso, las lesiones que presentó la presunta víctima fueron causadas por el eventual "ataque" que sufrió de parte de los vecinos del lugar.
Además, afirmó que una mujer que regaba y observó la escena lo golpeó con una manguera. Dijo que pidió refuerzos y que su sola misión era proteger a la criatura ante la molestia de las personas. Luego, recordó que acompañó al detenido al hospital y aclaró que, si solicitó cambiar el acta, fue únicamente para agregar datos. "Yo no sé por qué dicen eso", expresó con tranquilidad Díaz, mientras la madre del chico -que parecía no creer en su palabra- movía la cabeza de un lado a otro.
Pese a las declaraciones, el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese sostuvieron la acusación inicial contra los tres por lesiones y apremios ilegales y le añadieron a la calificación los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. En ese marco, pidieron ampliar la Investigación Penal Preparatoria por 6 meses más.
La audiencia resultó bien movida, ya que cuando uno de los imputados declaraba ante la jueza de Garantías, los otros dos permanecían en otra sala para que no pudieran interferir en el relato. Cada uno fue interrogado por la fiscalía y las defensas y, por esas manifestaciones, habría quedado más complicados.
Aballay y Paredes reconocieron haber denunciado un hecho que no ocurrió, mientras que Díaz aseveró haber sido víctima de la falsificación de su firma en el acta de detención. Éste último, incluso, pidió la actuación de un perito caligráfico para respaldar su teoría. Lo cierto es que la investigación avanzará conforme lo definió la magistrado a cargo de un proceso con tintes de novela.
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