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SUSCRIBITELos acusados reconocieron el delito, lo que posibilitó el juicio abreviado entre las partes. Ahora la fiscalía intentará llevarlos tras las rejas, mientras que las defensas buscarán la pena mínima. Todo se define el 27 de mayo, cuando el juez Hugo Echegaray dicte la sentencia.
A 9 años del escándalo que se desató cuando Romeo Saavedra, el puntero político del PJ que fue detenido junto a su familia por realizar estafas mediante el sistema de tarjetas sociales, comenzó a ser enjuiciado y, al cabo de una extensa jornada, los acusados admitieron la comisión del delito, por lo que el juicio abreviado tuvo lugar.
En ese sentido, tanto Saavedra como su hija Sol Saavedra y su hermano Juan José Saavedra aceptaron la acusación que les endilgó el fiscal Fernando Alcaraz, es decir, estafa y asociación ilícita fraude en perjuicio de la Administración Pública Nacional. Al último, como era funcionario de la Gerencia de Empleo de la Nación, lo imputaron también por incumplimiento de sus deberes como funcionario público.
De esta manera y tras el acuerdo de responsabilidad penal, el juez federal Hugo Echegaray los declaró culpables y el proceso avanzó hacia la audiencia de cesura, la que se llevará adelante el 27 de mayo, cuando las partes intenten ganar la pulseada. Es que la fiscalía intentará llevarlos tras las rejas, mientras que las defensas buscarán la pena mínima.
En aquel entonces, el hombre vinculado a la asociación civil Unión y Esperanza fue detenido con 51 tarjetas sociales en la sede del Banco Hipotecario, donde intentaba cobrar los planes que iban desde 1850 pesos hasta los 8000, cifras que hoy serían mayores dado el impacto de la inflación. A partir de entonces, su red delictual quedó al descubierto.
La causa comenzó a ser investigada por la justicia sanjuanina, a través del juez Benito Ortíz, aunque por la naturaleza del delito -un año más tarde- el expediente derivó en la Justicia Federal, donde los imputados fueron procesados por el juez Leopoldo Rago Gallo y ahora se acercan a la condena.
Los sujetos que serán sentenciados podrían recibir 3 años de prisión condicional como mínima, dado que no tienen antecedentes penales. No obstante, el fiscal buscará la pena efectiva.