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Tras el caso Saldívar

"Nadie es juzgado por ser médico": fuerte comunicado de Fiscalías por los casos de mala praxis en San Juan

Desde el Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS) remarcaron que, de las 98 denuncias ingresadas, apenas 3 llegaron a esa instancia judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan

El Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS) emitió un contundente comunicado en el que defendió el accionar del Ministerio Público ante los recientes casos de presunta mala praxis que tomaron estado público en San Juan. La entidad aseguró que las investigaciones no buscan criminalizar la actividad médica: “Nadie es juzgado por ser médico”, expresaron.

En el texto difundido con fecha del 1 de diciembre, la Comisión Directiva de CONFIAS señaló que cada proceso penal involucra “vidas concretas”, tanto de familias que esperan respuestas como de personas acusadas que atraviesan situaciones dolorosas. En ese marco, afirmó que cuando la Justicia ha intervenido en casos de mala praxis, lo ha hecho con “absoluta objetividad y apego a la ley”.

Frente a voces que plantearon que los médicos no deberían ser sometidos al análisis penal por errores inherentes a su labor, la entidad fue categórica:

“Nadie es juzgado por ser médico y cometer un error, sino por apartarse de las reglas mínimas que preservan la vida, obrando con negligencia o impericia”.

Asimismo, el comunicado remarcó que en el sistema acusatorio vigente desde 2021 solo una mínima cantidad de denuncias por mala praxis han avanzado hasta juicio. De las 98 denuncias ingresadas, apenas 3 llegaron a esa instancia, y solo en esos casos se concluyó que existió un apartamiento ilegal de los estándares básicos de la práctica médica.

“Deseamos transmitir tranquilidad a la comunidad de la salud, en tanto es evidente que no se criminaliza dicha actividad ni ninguna otra”, expresaron desde CONFIAS. También recordaron que fiscales, asesores y demás funcionarios cumplen un rol dentro de la Justicia que implica investigar no solo a profesionales de la salud, sino también a quienes, en cualquier oficio o profesión, ocasionen un daño o lesión a bienes jurídicos protegidos constitucionalmente por un obrar negligente.

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