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SUSCRIBITE Tras la rimbombante presencia del Fernando Burlando en San Juan, que se conformó como defensor de Garder Salud, la prestadora que fue denunciada por la Obra Social Provincia, fuentes judiciales le comentaron a Tiempo de San Juan cómo fue la maniobra con la que aseguran que la firma estafó al Estado y, además, advirtieron que el artificio no pasó una o dos veces, sino que fue sistemático hasta quedar al descubierto.
A pesar de que desde el entorno del famoso abogado anticiparon por todos los medios sanjuaninos que denunciarían a la OSP en la justicia penal, nada de ello sucedió y por el momento lo que se sabe es que la fiscalía realiza las investigaciones preliminares, previo a la formalización de la causa.
Esto es a raíz de una segunda denuncia que se radicó en el Ministerio Público contra la empresa que ofrece servicios de salud, ya que la primera acusación que hizo la Fiscalía de Estado el año pasado, en representación de la OSP como parte querellante, está más avanzada y tiene al director y a dos socias de Garder como principales imputados en la causa por el delito de presunta estafa en perjuicio de la Administración Pública.
Fuentes vinculadas a la nueva investigación que trascendió en agosto de este año le dijeron a este diario que fueron las autoridades del Hospital Privado las que dejaron en evidencia la maniobra de Garder. Según explicaron, la empresa está sospechada de falsificar documentos con el objetivo de facturar, es decir, de recibir dinero por servicios que no existieron.
En detalle, la denuncia de la OSP señala que la irregularidad se observó en las 'fojas quirúrgicas' que la prestadora presentó para cobrar con datos que no coincidían con los registros del Hospital Privado. En esas fojas, que son una producción escrita que recoge la información referente a los procedimientos quirúrgicos realizados, algo así como una ficha técnica de procedimiento, aparecía información que no era verdadera.
Las fuentes indicaron que Garder orquestó el despliegue para que un paciente con internación domiciliaria recibiera una vía central en el hospital ubicado sobre calle Rivadavia. Sin embargo, desde el centro de salud aseveraron con datos concretos de su sistema que eso no ocurrió.
Desde el Hospital Privado no sólo desconocieron que el procedimiento haya sucedido, sino también dejaron por sentado que en esas fojas había nombres de pacientes sin historia clínica en el lugar, al igual que señalaron que había nombres de médicos que directamente no trabajan allí.
Acorde manifestaron las fuentes, la información es sencilla de comprobar puesto que los profesionales médicos que hacen este tipo de intervenciones quirúrgicas son especialistas certificados en cirugía y no cualquier médico, como aparentemente aparecería en las fojas.
Esa documentación que dejaría al descubierto a Garder ahora forma parte de la causa, ya que fue presentada por la querella para la investigación que lleva adelante la UFI de Delitos Especiales, a través del fiscal Francisco Pizarro. La otra instrucción, que sí es una causa formal, es encabezada por el fiscal coordinador Iván Grassi.
Si bien las fuentes no precisaron la cantidad de "fojas quirúrgicas" que se hallaron con las irregularidades descriptas, sí advirtieron que "son varias" y que con esas maniobras la firma facturaba millones. "Hay casos testigos", aseveraron.
Aunque Burlando no se matriculó para ejercer en la provincia y tomar acción directa en la causa judicial, fuentes allegadas al caso contaron que lo único que realizó con su equipo fue presentar un recurso administrativo en la OSP, con el objetivo de que Garder sea reincorporado al padrón de prestadores. Es que a modo preventivo, desde el Estado se resolvió cesar la actividad con la empresa hasta tanto se aclare su situación con la justicia.
El director de la empresa, Eduardo Guzmán; Marilina de la Fuente socia del director y administradora de la empresa y María Florencia Molina de la Fuente, también parte de la sociedad, están bajo la lupa, sospechados de generar un perjuicio económico a la obra social del Estado.
En esa causa formal, el delito se habría presentado en 5 hechos. Uno de ellos fue que la empresa supuestamente hizo facturaciones de servicios por módulos alimentarios, ayuda que nunca le llegó a la mujer que lo solicitó. En este caso en particular la empresa cobró un extra porque vivía en una zona alejada (Zonda), pero ella en realidad residía en Capital.