El sujeto que estaba en la mira de la justicia, acusado por tres delitos, zafó de quedar preso después de que el ilícito más grave que pesaba sobre sus espaldas se cayera por falta de pruebas. Fue así que su defensa logró acordar con fiscalía y no sólo evitó ir tras las rejas, sino que consiguió que el hecho no quedara entre sus registros penales.
Se trata del caso que involucró a Bruno Herrera, un hombre que había sido denunciado por una ex pareja por amenazas agravadas, lesiones leves agravadas por el vínculo y hurto simple tras un confuso episodio.
Como el imputado no contaba con antecedentes, su abogada defensora Carla Manini consiguió acordar con el Ministerio Público -representado por el fiscal Eduardo Martínez- una solución alternativa del conflicto. Por ese motivo, aceptó realizar trabajos comunitarios y pagar una reparación simbólica de 9 mil pesos a la denunciante, con la obligación de no acercarse a ella por el término de un año.
El acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) fue homologado por el juez de Garantías, Matías Parrón, quien además fijó un castigo de 4 meses de tareas comunitarias en la Municipalidad de Rawson.
Además, el magistrado ordenó que le regresara a la denunciante el televisor, dos bicicletas y ropa de la mujer que se había llevado, exigiéndole evitar tomar contacto con ella por cualquier tipo de vía.
Las fuentes judiciales explicaron que en principio se habló de que pudo haber un delito de tipo sexual, pero esto después se descartó. En ese caso la situación habría sido otra, ya que la política criminal del Ministerio Público dispone una pena más dura para los ilícitos más graves.