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SUSCRIBITELa acusación contra Alberto Fernández no sólo generó revuelo, sino también recordó casos similares en la provincia, que causaron gran impacto. En dos de ellos, las denuncias fueron desestimadas, mientras que en el otro la cuestión se definirá en juicio.
La grave denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández generó gran impacto y marcó un precedente en la historia del país, dado el tenor de la figura involucrada. El hecho que ocupa y preocupa a la opinión pública también hizo recordar al menos las tres veces que San Juan se vio impactada por denuncias parecidas contra destacados personajes de la política y la justicia local.
Uno de las denuncias por violencia machista que provocó revuelo fue la que se hizo contra el ex diputado nacional Eduardo Cáceres. El referente del PRO en la provincia fue acusado el 25 de noviembre de 2020 por su ex pareja Gimena Martinazzo, con quien compartía trabajo dentro de la misma fuerza.
La denunciante mostró fotos de los supuestos golpes que recibió, aseguró a la prensa que sufrió agresiones por parte de Cáceres y hasta se volvió una activista en sus redes sociales contra la violencia de género. La investigación judicial avanzó, atravesó los cambios del Sistema Acusatorio, por lo que pasó por las manos de varios actores y, finalmente, el imputado fue sobreseído total y definitivamente.
La resolución fue dictada por el juez Carlos Alberto Lima tras el pedido que había impulsado la fiscal Claudia Yanina Galante, que instruyó, recabó las pruebas y llegó a la conclusión de que no había elementos suficientes para sostener la acusación. Esto mismo fue avalado por la entonces fiscal de Cámara, Silvina Gerarduzzi, que evaluó el expediente. Fuentes judiciales dijeron a este diario que las "incongruencias" en la declaración de la denunciante pesaron al momento de la decisión.
Cáceres, quien negó desde el primer momento la acusación y dijo ser víctima de una falsa denuncia, más tarde presentaría un proyecto de ley en el Congreso conocido como Ley Alejo. El mismo hacía referencia a los casos como el suyo, en los que los hombres son el blanco de denuncias falsas.
El segundo caso sanjuanino de denuncia que desató un escándalo fue la que se radicó contra Nahuel Fernández, que se desempeñaba como director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan. Como consecuencia de la sospecha, desde el Gobierno de la Provincia se decidió desvincularlo de sus funciones y el apuntado debió afrontar el proceso con esa marca.
El ex funcionario fue detenido el 31 de agosto de 2022 y, frente al juez de Garantías, Gabriel Meglioli, rompió en llanto cuando contaba su versión de los hechos. Fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género, aunque siempre refirió que se trató de un confuso episodio.
La causa levantó la polvareda no sólo en el ámbito laboral de Fernández, sino también en el personal porque una ex pareja suya se solidarizó con la denunciante y atestiguó en el expediente. Cuando se enteró por los medios de lo que había ocurrido, Laura Clemeceau se presentó voluntariamente en la UFI CAVIG y le tomaron una declaración testimonial que se sumó a la instrucción.
Tras un poco más de un año, el fiscal Roberto Ginsberg debió pedir el sobreseimiento porque la denunciante había dejado de prestar colaboración para la investigación y sin su relato, prueba clave, se vio obligado a solicitar la resolución que otorgó la jueza Celia Maldonado.
A partir del dictamen, Fernández se expresó a través de las redes sociales y aseguró: "Las mentiras con el tiempo jamás se pueden sostener. Gracias a todos los que creyeron siempre en mí y me sostuvieron". Además, manifestó: "La única verdad es la realidad. Se hizo justicia divina, los tiempos de Dios son únicos".
El tercer y último caso corresponde a uno que se transformó en emblemático, por el peso que la figura denunciada tenía dentro del sistema judicial, y en paradójico, por las circunstancias que atravesó desde sus inicios. Se trata de la denuncia contra Mario Parisí, el alto funcionario judicial que supo ser coordinador de Flagrancia y de la Unidad Conclusiva de Causas.
Después de casi tres años de investigación, el todavía funcionario judicial enfrentará el juicio por los delitos de lesiones leves agravadas por violencia de género y amenazas agravadas por el uso de arma blanca. La causa causó gran impacto por la cantidad de audiencias para llegar a un debate público y la extensión en el tiempo que representó, a diferencia de otros hechos similares.
Parisí fue denunciado el 24 de noviembre de 2021 por su ex pareja y, como la causa no era elevada a juicio, corría peligro de prescripción. Las constantes presentaciones de los defensores supusieron una larga secuencia de audiencias y, por ello, autoridades como el Fiscal General se refirieron al caso como una vergüenza.
No obstante, la semana pasada fue la jueza de Garantías, María Gema Guerrero, culminó con la investigación, realizó el control de acusación y decidió elevar la elevación del expediente al debate oral y público. Esa circunstancia terminó con las especulaciones sobre una causa caída.
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