Este jueves, un delincuente fue condenado por la Justicia sanjuanina. El imputado Miguel Ángel Elizondo pasará cinco años en el Penal de Chimbas por robar una mochila con un celular y $42.000 en La Bebida, Rivadavia, y amenazar con un cuchillo a su víctima.
Todo ocurrió en el barrio El Cóndor cuando un hombre sufrió un violento asalto en plena vía pública. Según la denuncia radicada en la mañana del 18 de noviembre, el afectado relató que cerca de las 10:15 horas, mientras se dirigía hacia su trabajo, fue interceptado por dos individuos en la calle Proyectada, a unos 150 metros de su domicilio. Uno de ellos era Elizondo.
Los asaltantes caminaban por la vereda cuando y, al cruzarse con la víctima, lo sorprendieron. Uno de ellos vestía un buzo verde y pantalón negro, mientras que el otro llevaba un buzo gris y pantalón negro. Lo atacaron por la espalda, exhibiendo dos cuchillos tipo carnicero, y lo tiraron al suelo.
De acuerdo con la denuncia, los delincuentes lo amenazaron rápidamente, diciéndole frases como “No grites, si no te punzo” y “Dame todo lo que tenés”. Ante la situación de riesgo, la víctima intentó pedir ayuda, pero los agresores no dudaron en arrancarle la mochila que llevaba.
En el interior de la mochila, que era de la marca Owen, de color marrón y rojo, el hombre transportaba un celular Noblex modelo A60 gris, con funda protectora transparente, y una suma de dinero de $42.000 en efectivo, en billetes de distintas denominaciones.
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El fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Cristian Gerarduzzi, intervino en el caso.
Tras apoderarse de sus pertenencias, los delincuentes huyeron rápidamente, tomando la dirección hacia el barrio Sierra de Marquesado. La víctima quedó desorientada y angustiada por el hecho. Cabe destacar que, según su testimonio, ambos sujetos portaban cuchillos al momento del robo, lo que incrementó el nivel de violencia en el episodio.
Posteriormente, Elizondo fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Este jueves, el ladrón fue condenado en un juicio abreviado a cumplir la pena de cinco años en la cárcel. El fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Cristian Gerarduzzi, intervino en el caso.