La Justicia sanjuanina investiga a un efectivo de la Policía que presta servicios en la Comisaría 2da, acusado del presunto delito de apremios ilegales durante un procedimiento de detención. La causa es impulsada por el Ministerio Público Fiscal y tiene como imputado al agente Alexis Álvarez. Un video sería la prueba clave.
Según lo expuesto por la fiscal Agostina Ventimiglia en audiencia, la investigación se inició a partir de la denuncia presentada por un hombre de apellido Mansur, quien fue detenido a fines de agosto luego de una persecución en la vía pública mientras se desplazaba en moto.
El sujeto habría intentado evadir el control policial por falta de documentación, además coincidía con las características de una persona buscada.
Posteriormente se constató que Mansur registraba un pedido de captura vigente, motivo por el cual fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó alojado en los calabozos de la dependencia.
Al día siguiente, el 28 de agosto por la mañana, el detenido debía ser llevado a revisión médica y luego puesto a disposición de la fiscalía interviniente. En ese contexto, se negó a abandonar el calabozo y mantuvo una actitud hostil, lo que derivó en un forcejeo con personal policial hasta lograr su reducción y esposamiento.
De acuerdo con la acusación fiscal, una vez que Mansur ya se encontraba inmovilizado y sin posibilidad de resistencia, el efectivo investigado le habría propinado un golpe de puño en el rostro. El episodio habría quedado registrado por el sistema de videovigilancia interno de la comisaría.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la reproducción de esas imágenes, aunque la defensa se opuso al plantear que aún no había accedido en su totalidad al legajo. Por tal motivo, el material audiovisual fue incorporado como prueba para su posterior análisis.
La denuncia se encuentra respaldada por un informe médico, el cual da cuenta de lesiones compatibles con una reducción policial, aunque también presentaría una lesión facial compatible con un impacto directo.
La causa se encuentra en etapa de investigación penal preparatoria, con un plazo de seis meses. Como medidas cautelares, se dispuso que el imputado se someta al proceso judicial y se le impuso la prohibición de salida del país, sin adoptar restricciones ya que no posee otros antecedentes penales.