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SUSCRIBITE Desestiman una causa de mala praxis en la justicia sanjuanina. Imagen ilustrativa
Abigail Lucero el 11 de julio de 2023 falleció en la Clínica Cymin, ubicada en Capital. El caso tuvo una gran repercusión social y se judicializó, ya que estaba posibilidad de que podía existir mala praxis de los médicos que la trataron. El caso se investigó a lo largo de varios meses y finalmente, la fiscalía llegó a la conclusión que los médicos que trataron a la menor no actuaron de manera negligente, es decir, que no les achacarán el delito de mala praxis.
Fuentes judiciales dijeron a este diario que a lo largo de la investigación saltó que la nena fue atendida en dos clínicas diferentes. La primera de ellas data del 8 de julio y fue en la clínica Parque Universitario. El médico que la vio le recetó un remedio, dieta y que se haga análisis clínicos. Al otro día (9 de julio), la nena fue trasladada al Cymin y el profesional que la ve le dice que siga con la dieta, le receta un antibiótico y nuevamente pide análisis clínicos.
Con la documentación secuestrada, la fiscalía constató que a la menor nunca le hicieron los análisis y tampoco estaba pedido en su obra social.
Dato: el resultado de la autopsia realizada a la menor fue que falleció de manera natural. Tuvo un fallo multiorgánico por sepsis en infección de vías respiratorias y la enfermedad que tenía era neumonía. Otro dato muy importante es que la forma de muerte de la pequeña no fue violenta.
Con esta información y otros detalles médicos, los profesionales médicos de la Justicia concluyeron en que la atención, el tratamiento y la medicación que recibió la menor fueron adecuadas y las indicadas. Descartando también que los profesionales (tanto de las clínicas Cymin y Parque Universitario) hayan actuado de manera negligente.
En conclusión, la justicia sanjuanina no irá contra los médicos actuantes. Cabe destacar que esta resolución salió hace dos semanas y que las partes ya han sido notificadas de la misma, tanto la defensa oficial y la querella (representante de la familia). La investigación estuvo en manos de la UFI Delitos Especiales N°5 a cargo de Francisco Pizarro y los ayudantes fiscales, Mariano Carrera e Ignacio Domínguez.