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Bajo la lupa

¿Ingresó una denuncia al CAVIG de la víctima del femicidio en Angaco?

Hay versiones que sostienen que Yanina Pérez, la mujer que fue asesinada de ocho puñaladas por su ex en el cementerio departamental, acudió a la Justicia para pedir ayuda a las autoridades, pero su caso no se investigó.

Por Redacción Tiempo de San Juan

La sospecha es grave y de ser cierta pondría en aprietos a todo un sistema judicial que se creó para evitar que la violencia de género se siga cobrando vidas en la provincia. Es que hay versiones que sostienen que la víctima del femicidio en Angaco acudió al CAVIG para pedir ayuda y, por razones que se desconocen, su caso nunca se investigó.

Sin precisar las fechas, fuentes extraoficiales comentaron que Yanina Pérez realizó una presentación en la unidad fiscal por la situación que atravesaba con su ex pareja, Ariel Omar Pérez, quien la hostigaba constantemente después de haber terminado la relación. Sin embargo, aseguraron que no hubo una respuesta por parte de la Justicia ya que el caso ni siquiera llegó a instruirse.

Tiempo de San Juan intentó chequear el dato con voces autorizadas como la fiscal coordinadora del CAVIG, Claudia Ruíz, aunque prefirió guardar silencio y directamente no contestar la consulta. Por lo que las dudas ganaron terreno frente a la severa sospecha y las especulaciones.

Otras fuentes, ligadas al trabajo interno de la UFI, señalaron que en el sistema no figura ninguna causa vinculada a Yanina Pérez. No obstante, la explicación podría ser que, como no se instruyó, es imposible que allí aparezca su nombre. Se sabe que, en ocasiones, hay víctimas que se acercan a la sede ubicada en Av. Alem para realizar consultas y exponer sus casos y, dependiendo de cuán graves son sus realidades, se activan los protocolos. Tal vez así sucedió con la víctima del femicidio en Angaco.

Al no contar con una respuesta oficial de las autoridades, resulta complejo saber qué pasó con Yanina Pérez y, en caso de ser verdad, por qué no se implementaron los mecanismos para ofrecer medidas de protección como podría ser una restricción perimetral. Quizás, una intervención a tiempo habría evitado la tragedia.

Las mismas fuentes que sostienen que el CAVIG recibió el caso y no hizo nada aseveran que desde la UFI trataron de comunicarse con la mujer que cumplía funciones en el municipio como encargada en el cementerio, pero que no lograron contactarla. Esa habría sido la razón por la que su caso no se investigó, porque la mujer no respondió al llamado.

Poder demostrar tales afirmaciones, sin la cooperación del CAVIG, resulta difícil. Es por ello que las fuentes hicieron hincapié en el teléfono celular de la víctima, que podría guardar esa información y cuyo paradero es un misterio. Tras el ataque que sorprendió a la víctima de 42 años, ocurrido el jueves 15 de febrero, se desconoce dónde terminó el dispositivo móvil; si quedó en la escena, si fue secuestrado por peritos o si lo robó el femicida que escapó.

Hasta el momento, lo que se pudo confirmar con sentencias judiciales fue que la Justicia tuvo la posibilidad de frenar la violencia del femicida con castigos más severos y no lo consiguió. Fue condenado por agredir a la madre de sus hijos y ese antecedente no bastó para que, en otro episodio de violencia demencial, fuera condenado con más años de cárcel.

Pese a la brutalidad del ataque que le propinó a la misma mujer, para el fiscal y para la jueza que intervinieron y que acordaron la pena en juicio abreviado, no hubo tentativa de femicidio, sólo fueron lesiones leves agravadas por el vínculo. Pérez le había dado cinco puntazos a la víctima en la zona de las costillas y la espalda, con una clara intención de matar. Sin embargo, no fue suficiente para elevar la condena.

Además de las inconsistencias que ofreció el sistema judicial, que se mostró benévolo con el femicida en la antesala y que no habría accionado para evitar la desgracia, ante el pedido de auxilio de la víctima, otras dos instituciones quedaron en la mira por polémicas acciones: la Policía y el municipio de Angaco.

La primera quedó en el ojo de la tormenta, luego de que la hija de Yanina asegurara que en la comisaría departamental no le quisieron tomar la denuncia por los episodios de violencia que sufría su madre. Por otro lado, la segunda quedó bajo la lupa porque habría propiciado el encuentro de víctima y victimario en el ámbito de trabajo. No obstante, el intendente José Castro explicó que, aunque lo hacían en el mismo lugar, la mujer cumplía tareas de mañana y el femicida de tarde.

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