Lo que comenzó como un simple viaje de compras a Santiago de Chile para un sanjuanino terminó siendo un verdadero dolor de cabeza. A comienzos de abril, un hombre años viajó en micro a la capital trasandina y allí, mientras paseaba por el centro, le arrebataron la mochila con el celular adentro. Al regresar a San Juan descubrió que en cuestión de horas su cuenta había sido vaciada. Los delincuentes informáticos le sustrajeron $6.000.000.
El caso es investigado en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Las primeras investigaciones permitieron identificar a dos sospechosos o posibles integrantes de la banda de estafadores. Ellos son Ariel Maximiliano Aragón, de La Rinconada, Pocito, y Silvia Brenda Guerrero, de Santa Lucía, quienes este miércoles 17 de septiembre tuvieron que presentarse ante el juez de garantías Diego Manuel Sanz para responder por la estafa.
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El ayudante fiscal Franco Rodríguez, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
En la audiencia de formalización, el ayudante fiscal Franco Rodríguez expuso los cargos contra Aragón y Guerrero y les atribuyó el presunto el delito de estafa mediante el uso de medios informáticos, en calidad de partícipes necesarios, con un perjuicio económico de $6.000.000.
Según señaló el ayudante fiscal, todo comenzó el 1 de abril, cuando la víctima viajó a Chile en un colectivo de compras y en ese trayecto perdió su celular y otras pertenencias. Se sospecha que alguien del mismo contingente le sustrajo sus cosas y a través de su celular entraron a sus cuentas bancarias.
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El juez de garantías Diego Manuel Sanz.
Los delincuentes ingresaron a su home banking y realizaron seis transferencias desde su cuenta del Banco Santander. Tres operaciones, de 1 millón cada una, tuvieron como destino una cuenta de Naranja X a nombre de Aragón. Otras trasferencias, por otros 2 millones, fueron dirigidas a otra cuenta de la misma firma a nombre de Guerrero y una última, de 1 millón, terminó en una cuenta de Mercado Pago vinculada a una mujer de Mendoza identificada con el apellido Talla.
Las primeras medidas de investigación fueron contundentes. El fiscal ordenó el bloqueo preventivo de las cuentas y pidió informes a las entidades financieras, que confirmaron que el dinero efectivamente se acreditó en las cuentas de Aragón y Guerrero. Además, acompañaron documentación respaldatoria como copias de DNI y selfies que ambos presentaron al momento de abrir los perfiles digitales. Con esa prueba en mano, la Justicia sospecha que los sanjuaninos tuvieron un rol clave en el circuito que permitió desviar los fondos robados. Estas eran pruebas suficientes para imputarles la maniobra.
Por consejo de su defensor, el abogado Faustino Gélvez, los dos se abstuvieron de declarar. Aun así, no zafaron de la imputación. En su resolución, el juez Diego Manuel Sanz hizo lugar a la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de 6 meses y dispuso que Aragón y Guerrero continúen en libertad, pero vinculados al proceso. Como medidas de coerción, ordenó que se presenten periódicamente en la comisaría de su zona y les prohibió salir de la provincia mientras dure la investigación.