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En juicio

Expropiaciones: inician los alegatos de Santiago Graffigna con filosas acusaciones y un mensaje directo al tribunal

El abogado del principal imputado en la mega causa apuntó contra el Ministerio Público y la Fiscalía de Estado por no referirse a los testimonios producidos en el debate y habló de un plan maquiavélico, orquestado por un grupo de funcionarios que usaron a su defendido para escalar en la justicia y la política.

Por Luz Ochoa

Este miércoles por la mañana, se retomó el juicio de expropiaciones y fue el turno de la defensa de Santiago Graffigna de dar comienzo a sus alegatos que, a priori, contemplaron filosas acusaciones contra la parte querellante y la fiscalía. Al mismo tiempo, los argumentos de Marcelo Fernández apuntaron hacia quienes impulsaron la mega causa, entre los que se pudo inferir que se refería a un actual miembro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis.

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En ese sentido, el defensor fue contundente al decirle al tribunal que temía por la decisión que pudiera tomar, dado que respondía a la mencionada autoridad superior. Del mismo modo en que actuaron frente a las exposiciones de las otras partes, los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón escucharon atentamente el pedido de imparcialidad.

En el recinto del Concejo Deliberante de Capital, además del principal acusado y los demás imputados, se hallaban los representantes del Ministerio Público, Daniel Galvani y Liliana Marinero, y el abogado de la Fiscalía de Estado, Ricardo Lorenzo, quienes resultaron ser el blanco de sus críticas por los alegatos que ofrecieron. Es que el abogado aseguró que no mencionaron los testimonios que se produjeron en el juicio porque ello los perjudicaba.

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Sobre el MPF, indicó que se limitó a hacer una reedición del requerimiento de elevación a juicio y que se manejó sin objetividad. "Sin faltarle el respeto a nadie, debo decir que esperaba que se manejara con mayor objetividad como lo demanda el ordenamiento jurídico", declaró al igual que aseveró que se hizo una "acusación liviana, fundada en especulaciones". "Sus alegatos fueron faltos de seriedad, temerarios e irresponsables", agregó.

Por su parte, de la querella dijo que se aferró a la prueba documental y la interpretó acorde sus necesidades. "La verdad está en los expedientes, pero bien analizados", manifestó el letrado que aseguró que no hubo comisión de un delito y que la causa fue armada por un grupo de personas con intereses particulares. "No existió el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública. Se ha conjeturado con personas que están fallecidas y no pudieron defenderse", sentenció.

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En referencia al origen de las sospechas, Fernández -que no se movió de su asiento, a diferencia del querellante Rubén Pontoriero- advirtió que la mega causa fue orquestada por funcionarios que pretendían ascender a costa de Graffigna. "El caso se mediatizó del día uno, necesitaban que fuera así, porque buscaban la conmoción social y que el presunto líder de la banda recibiera la prisión preventiva", expresó.

A su vez, añadió: "Estos funcionarios que armaron la causa tenían el objetivo de llegar a ciertos lugares, un gobernador buscaba su reelección (se entiende que habla de Gioja) y quería mostrarse como un paladín de la Justicia. Estas personas llegaron a cometer delitos. Fueron parte de un plan maquiavélico para decirle a la sociedad que había sido estafada".

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Fernández, que comparó la causa de Graffigna con la expropiación del complejo La Superiora, por lo que dijo que el fallo de ese caso es lo mismo que viene sosteniendo su defendido, cuestionó la cantidad de años que pidió la querella a través del Fiscal de Estado, Sebastián Dávila. "Pidió la pena de un homicidio, es una locura", remarcó sobre los 25 años de prisión efectiva solicitados por la querella.

Las próximas jornadas continuarán con la exposición del defensor del hombre procesado por delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, en función del delito de estafa, en 9 hechos. Además, por tentativa de fraude en 6 hechos y por el ser el jefe de una asociación ilícita que cometió fraude por ocultamiento y sustracción de prueba. Se prevé que luego seguirá el resto de los defensores.

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