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SUSCRIBITESegún indicaron fuentes del caso, la nueva involucrada estaría sospechada por la primera investigación que se inició contra la prestadora, por las irregularidades en las entregas de los módulos alimentarios.
La investigación penal que tiene a la prestadora de la Obra Social Provincia sospechada por estafa suma un nuevo capítulo con la imputación de una funcionaria, cuya identidad aún no fue revelada, y ya son ocho los involucrados en la causa contra Garder Salud.
Fuentes vinculadas al caso confirmaron el dato, aunque para no entorpecer la instrucción evitaron dar detalles sobre la mujer que quedará bajo la lupa de las autoridades; al igual que los tres representantes de la empresa y los cuatro profesionales que habrían participado de una "ingeniería delictiva", tal como lo señaló la fiscalía.
La nueva implicada cumplía un rol clave dentro de la OSP y por ello habría sido parte del mecanismo por el que Garder cobró servicios que no prestó, según lo destaca la acusación del Ministerio Público. Las sospechas que recaen sobre sus espaldas son por la primera causa que investigó la UFI de Delitos Especiales, cuando en octubre de 2022 la OSP denunció el supuesto fraude.
El hecho se investigó por meses y el 10 de agosto de 2023 la fiscalía formalizó la causa por estafa en perjuicio de la Administración Pública contra el director y las dos socias de la firma con sede en 25 de Mayo y Catamarca, Eduardo Guzmán, Marilina de la Fuente y María Florencia Molina de la Fuente.
En concreto, fueron acusados de emitir facturas truchas por servicios que no fueron ofrecidos, como por ejemplo entregar módulos alimentarios a personas fallecidas. Todo salió a la luz cuando se denunció que el módulo no llegó a quien lo solicitaba.
Más tarde, la causa se engrosó con una segunda denuncia por internaciones domiciliarias y traslados de pacientes inexistentes. En esa nueva investigación que quedó en manos de Iván Grassi, quien más tarde unificó los expedientes, habrían quedado al descubierto maniobras que salpicaron a otras cuatro personas.
María Noel Becerra fue señalada como la médica que trabajaba en Garder, al mismo tiempo que en clínicas y hospitales y desde allí derivaba pacientes para los servicios de la prestadora. Mauricio Mesias fue el enfermero de Garder bajo sospecha por realizar prácticas que nunca existieron.
Por su parte, dos auditores de la OSP, quienes debían ejercer el control, también quedaron vinculados al caso. Valeria Aciar era la médica auditora de Nivel Salud, la empresa contratada por el Estado para sortear las contrataciones de las prestadoras. Leonardo Trincado, auditor de la Obra Social Provincia, era quien debía controlar que todo se ejecutara sin irregularidades.
Ambas denuncias que dieron origen a la escandalosa causa suponen una estafa millonaria contra el Estado. En principio, se hablaba de 15 millones de pesos; todo ese cálculo, previo a la aceleración de la inflación de los últimos meses, cuando la suma resultaba todavía más significativa.
Si bien al accionar de los sospechosos se le podría tribuir el delito de asociación ilícita, pues así lo dejaron entrever fuentes allegadas a la investigación, otras fuentes indicaron que por el momento sólo se trata del delito de estafa el que estaría en juego. No obstante, como se sigue indagando, no sólo podrían haber más implicados, sino también podrían darse nuevas figuras delictivas.