Un episodio que combinó desobediencia, forcejeos y frases altisonantes terminó con una probation en la Justicia. El joven Emir Madcur quedó imputado por violación de sellos y fajas de seguridad y resistencia a la autoridad, pero evitó una condena tras acceder a la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.
El hecho ocurrió el 11 de febrero de 2026, alrededor de las 13, en el destacamento policial ubicado en el ingreso al Parque Faunístico de Rivadavia, en Ruta 60 y la rotonda de acceso. Según consta en la causa, Madcur se presentó en el lugar para retirar su camioneta Volkswagen Amarok, que había sido secuestrada días antes por una contravención.
El joven les manifestó a los efectivos que ya había pagado la multa y que iba a llevarse el vehículo. Sin embargo, el personal le explicó que debía presentar un oficio del Juzgado de Faltas, trámite que no había realizado. Ante la negativa policial, Madcur cruzó nuevamente la Ruta 60, pero en lugar de retirarse, se dirigió hacia la camioneta secuestrada.
De acuerdo con el parte oficial, sacó las llaves, rompió las fajas de seguridad colocadas por la autoridad e intentó ingresar al rodado. Los policías le dieron la voz de alto, que fue desoída. En el intento de aprehenderlo, el joven opuso resistencia y debió ser reducido por varios efectivos.
En medio del procedimiento, siempre según la investigación, se encontraba hablando por teléfono -supuestamente con su abogado- y comenzó a gritar que no lo iban a detener y que “no sabían quién era él”. Un amigo que lo acompañaba descendió del vehículo en el que habían llegado y filmó la escena, registrando el forcejeo con los uniformados. También se hizo presente su madre, Viviana Ponte, a quien se le informó lo ocurrido.
La causa fue tramitada en el fuero de Flagrancia con la intervención de la fiscal Virginia Branca. Finalmente, y ante la ausencia de antecedentes penales, se resolvió otorgarle la suspensión de juicio a prueba por un año. Como condiciones, deberá realizar 60 horas de trabajo no remunerado en el plazo de seis meses y abonar una reparación simbólica de 50.000 pesos destinada a la FUNDAME. Si cumple con las pautas fijadas, la causa quedará extinguida y evitará una condena.