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SUSCRIBITELos denunciantes aseguran que abonaron el dinero para supuestos trámites de ingreso bajo régimen 14x14 y que, tras reiteradas postergaciones, la empresa minera habría desconocido la convocatoria. Uno de los ingenieros mencionados negó la acusación, afirmó que también realizó un aporte económico e iba a presentarse ante la Justicia
A la derecha, el ingeniero Carlos Péres, uno de los apuntados.
Un grupo de alrededor de 200 trabajadores de la construcción, que incluye a cientos de sanjuaninos, se presentó este martes en Tribunales para denunciar una presunta estafa vinculada a una oferta laboral en una mina de Jujuy. Según indicaron, cada uno habría entregado 200 mil pesos para concretar supuestos trámites administrativos que, con el paso de las semanas, no se habrían materializado.
De acuerdo a lo que los propios denunciantes confirmaron a Tiempo de San Juan, la presentación formal se realizó durante la jornada de este martes en sede judicial, donde expusieron los hechos y aportaron documentación relacionada con transferencias y comunicaciones mantenidas en los últimos meses.
Según relataron, la propuesta consistía en desempeñarse bajo régimen minero en un yacimiento ubicado en la provincia de Jujuy, con modalidad 14 por 14 y un salario que, de acuerdo a lo informado en su momento, resultaba superior al promedio de la actividad en la región.
La convocatoria habría sido canalizada por dos ingenieros civiles identificados como Carlos Roberto Pérez y Valeria Páez, con quienes parte del grupo ya había trabajado anteriormente en obras de menor envergadura. En ese marco, se les habría solicitado el pago de 200 mil pesos para afrontar gestiones ante UOCRA y cubrir supuestos costos vinculados a la incorporación de personal proveniente de otras provincias.
Con el correr de las semanas, los plazos de inicio laboral fueron modificándose. En ese contexto, los trabajadores completaron estudios preocupacionales en una clínica local. Sin embargo, ante nuevas postergaciones y la falta de definiciones concretas sobre la fecha de traslado, comenzaron a comunicarse directamente con la empresa minera mencionada en la propuesta.
Siempre según lo denunciado, desde la firma les habrían informado que los mecanismos de contratación no se realizan mediante el sistema descripto y que no tendrían registro de los intermediarios señalados. Esa respuesta fue el detonante para que decidieran avanzar con la denuncia penal.
Los denunciantes también sostienen que el centro de salud donde se practicaron los exámenes médicos no habría percibido pago alguno por los estudios realizados, por lo que la institución también podría resultar afectada en el marco de la investigación.
Asimismo, afirmaron que situaciones similares habrían ocurrido con trabajadores de Tucumán y Mendoza, lo que ampliaría el alcance del caso.
Tras hacerse pública la denuncia, el ingeniero Carlos Pérez brindó declaraciones radiales en Chilecito, donde negó haber participado en una maniobra fraudulenta y sostuvo que actuó en el marco de un convenio entre una consultora y la empresa minera. “Vengo a limpiar mi nombre y mi honor”, expresó, y remarcó que “nunca participé de la estafa esa que se dice”.
Según su versión, todo el proceso se habría desarrollado a partir de “un convenio que se firmó entre la consultora y la minera”. Explicó que en este tipo de emprendimientos existen cupos de trabajadores locales y foráneos. “En cada mina que uno va fuera de la provincia hay un cierto cupo; por ejemplo, en Salta se ocupa el 70% de locales y el 30% de foráneos”, señaló. En ese contexto, indicó que el acuerdo contemplaba incorporar personal de San Juan, Mendoza y Tucumán, y que “se hizo la convocatoria” bajo esas condiciones.
En relación a las demoras, detalló que el viaje inicial estaba previsto para el 22 de diciembre, pero se postergó por las fiestas. Luego, precisó que los estudios médicos comenzaron el 13 de enero y que la subida pautada para el 5 de febrero no se concretó porque “no estaban completos los módulos habitacionales allá arriba”. Agregó que la empresa emitió un comunicado informando una nueva reprogramación. “No se han terminado los módulos y se hizo un comunicado oficial en el cual la minera manifiesta que se van a tomar tres días más para poder empezar a subir a la gente debido a estos inconvenientes”, afirmó.
Pérez sostuvo que esa información fue transmitida a los postulantes a través de grupos de mensajería y que las sucesivas postergaciones generaron desconfianza. “Evidentemente todos han pensado que como se ha postergado dos o tres veces que todo esto es una estafa. En realidad no es una estafa”, aseguró.
En cuanto a los pagos, señaló que las transferencias se realizaron a la cuenta de Carlos Damián Báez, a quien identificó como integrante de la consultora interviniente. También indicó que él mismo efectuó un aporte económico -según dijo, superior a los 600 mil pesos- para aplicar al puesto. “Yo también he aplicado y a mí también me han cobrado para poder subir”, sostuvo.
Asimismo, manifestó que algunas personas que solicitaron la devolución del dinero habrían recibido reintegros y aseguró que tiene previsto presentarse ante la Fiscalía para aportar documentación y “aclarar su situación”. Señaló que, en caso de confirmarse irregularidades, colaborará para gestionar la restitución de los fondos a quienes así lo requieran.
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