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SUSCRIBITEEl hecho ocurrió el pasado lunes. El hombre discutió y le tiró el celular a la mujer, cuando intentaba pedir un vehículo en una app de transporte. El acusado quedó imputado por daño simple y deberá cumplir tareas comunitarias y una reparación económica.
Imagen ilustrativa.
Un episodio de violencia ocurrido en plena Peatonal sanjuanina terminó con una resolución judicial que evitó el juicio oral. Este miércoles 4 de febrero, fuentes judiciales confirmaron que la causa fue encuadrada en el delito de daño simple y que el acusado accedió a una suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.
El hecho se registró el lunes 2 de febrero, cerca de las 19, cuando una mujer caminaba junto a Ramiro Exequiel Manrique Rivero por calle Rivadavia, casi General Acha. Según consta en el legajo fiscal, la discusión comenzó en la vía pública y se intensificó cuando la víctima, que llevaba a su bebé recién nacido en brazos, intentó evitar el conflicto mientras pedía un vehículo a través de una aplicación para retirarse del lugar.
En ese contexto, el agresor le arrebató el celular cuando pedía un vehículo por una app de transporte y lo arrojó violentamente contra el piso, provocando su destrucción total. La situación generó la intervención de varios transeúntes que intentaron auxiliar a la mujer, quienes fueron insultados por el acusado mientras continuaban los tironeos y las agresiones verbales.
La escena fue advertida por personal del Cuerpo Especial de Vigilancia que se encontraba en la zona de las peatonales, quienes procedieron a la aprehensión de Manrique Rivero. Posteriormente, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial y se inició el procedimiento especial de flagrancia, informándose la imputación provisoria y los derechos del detenido.
Finalmente, la Justicia resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba por un año. Como parte de las condiciones, el imputado deberá realizar 30 horas de trabajo no remunerado para el Estado en un plazo de hasta cuatro meses y efectuar una reparación simbólica de 10.000 pesos destinada a merenderos comunitarios. La causa es investigada por el fiscal Carlos Rodríguez, con la asistencia del ayudante fiscal Eduardo García Thomas.